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Docentes de la Uncaus se suman a la medida de fuerza nacional

E l reclamo extremo afecta a 57 uni­versidades públicas del país. Piden respuestas al atraso salarial y la cri­sis presupuestaria.

SÁENZ PEÑA (Agencia) - Docentes de las universidades públicas de todo el país comenzaron ayer una medida de fuerza extrema, producto de la recurrente negativa del gobierno nacional a dar respuestas a los reclamos salariales de más de 150.000 docentes universitarios y a la crisis presupuestaria que viven las universidades públicas.

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Docentes de la Universidad Nacional del Chaco Austral adhirieron al paro por las asociaciones sindicales.

En el caso de la Universidad Nacional del Chaco Austral, los dos sectores que nuclean a los profesores, Aduncaus y Sidiuncaus se sumaron, según confirmaron autoridades de la casa de altos estudios. Al tiempo que confirmaron la medida, aclararon que ‘todavía no estamos en tiempo de clases‘ pero al mismo tiempo admitieron que ‘la medida podría afectar las mesas de exámenes de las distintas carreras, ya que si los profesores adhieren a la medida no se puede completar la mesa y de esa manera habrá que fijar otras fechas‘.

La medida dispuesta por Conadu y Conadu Histórica obedece a que durante el primer semestre se ha venido reclamando una propuesta salarial superadora al techo paritario del 15%. Pasado todo este tiempo, el gobierno asume una inflación que rondará el 30%, a lo que se suma el constante ajuste a las universidades vía recortes y subejecución de las partidas presupuestarias, según definió el propio titular de Conadu, Carlos de Feo.

‘El salario de los trabajadores continúa deteriorándose y las universidades están en peligro de no poder afrontar sus compromisos hasta fin de año‘, advierten los docentes. Además reconocen que ‘el no inicio del segundo cuatrimestre es consecuencia directa del empecinamiento del gobierno en implementar el ajuste en la universidad‘.

Estamos ante una realidad que ‘no se repetía desde la crisis del 2001 y los rumores de privatización que fueron finalmente revertidos por la comunidad educativa‘, advierten fuentes del ámbito universitario. El reclamo salarial que sostienen las asociaciones que nuclean a los docentes universitarios, plantea dos ejes centrales, un incremento del 25% y una cláusula gatillo de actualización por la inflación.

Además plantea la jerarquización salarial del Convenito Colectivo de Trabajo, recomposición del nomenclador docente y garantía salarial. Por otra parte el reclamo manifiesta la necesidad de regularizar a los docentes contratados y ad honorem, y solicita la vigencia de los Fondos de Capacitación Docente.

MAYOR PRESUPUESTO

Otro de los puntos centrales del reclamo está relacionado con la necesidad que las universidades cuenten con un mayor presupuesto para su funcionamiento, contrariamente a la reducción del mismo que se plantea por 3.000 millones o el constante atraso en el envío de partidas.

Además este ítem incluye contar con más recursos para investigación, ciencia y tecnología, ya que muchas universidades cumplen un importante rol en ese sentido y desarrollan proyectos con impacto directo en la comunidad.

NO SE CONVOCA A PARITARIAS

Los gremios nacionales denuncian que la medida por un lado obedece a que el Ministerio de Educación de la Nación no convoca a paritarias desde el 13 de mayo, ocasión en la que ofertó un incremento salarial de un 15% distribuido en cuatro cuotas, sin cláusula gatillo, lo que fue unánimemente rechazado.

El acuerdo paritario del año pasado venció el 28 de febrero y a la fecha seguimos sin pauta salarial 2018. Las y los docentes seguimos cobrando el mismo sueldo que en 2017, más un insignificante 5% que el gobierno otorgó de manera unilateral ‘a cuenta de futuros aumentos‘ y que no alcanza para cubrir ni siquiera la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación, los tarifazos, la devaluación y en general el incremento del costo de la canasta familiar.

Por otro lado, a la demora en el envío de las partidas mensuales del Presupuesto Universitario votado por el Congreso para el 2018 ($103.000 millones), se suma el anuncio del gobierno de un recorte superior a los tres mil millones de pesos. Considerando que casi el 90% del presupuesto se destina a salarios, la quita supone una afectación de un 23% de los fondos remanentes para funcionamiento del conjunto del sistema.