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A tres años de Ni Una Menos

El 3 de junio de 2015 se realizó la primera gran movilización en la Argentina para protestar y exigir el alto a la violencia de género. El femicidio de Chiara Pérez, de 14 años, aunó reclamos y unas 300.000 personas se manifestaron en Buenos Aires con la consigna Ni Una Menos. Hubo otras movilizaciones en el país y en varias naciones de Latinoamérica. A partir de ese momento la potencia colectiva del movimiento de mujeres creció y entre otros logros instaló este año el debate en el Congreso del derecho a abortar.

La victoria de un activismo 

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Estefanía Pozzo es periodista. Trabaja en el diario El Cronista Comercial y en la radio Futurock.fm. Su opinión se publicó en The New York Times.

Por Estefanía Pozzo 


Mientras se discute la legalización del aborto por primera vez en la historia en el Congreso argentino, miles de mujeres han salido a apoyar ese reclamo con un pañuelo verde que se atan al cuello. 

El reclamo por la despenalización del aborto es global: en El Salvador se discutió este año flexibilizar su ley contra el aborto (aunque no prosperó) y en Irlanda, un país católico que hasta 1993 prohibía la homosexualidad, un referendo le dio una victoria abrumadora a la legalización del aborto. De aprobarse, Argentina sería el tercer país en Latinoamérica que tendría una ley de interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias.

Hoy es legal desde 1921 solo en dos casos: en los que peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación.

El 10 de abril comenzó el debate. Este logro se debe al esfuerzo continuo del movimiento de mujeres argentinas. Para la oposición, el gobierno buscó desviar la atención de los temas más apremiantes de su gestión. 

Mientras Macri es cada vez más impopular y el sindicalismo tradicional ha estado sumido en una profunda crisis de conducción, el activismo feminista ha ganado impulso con una agenda clara. Gracias a ello, el movimiento de mujeres es uno de los actores políticos más activos y con mayor respaldo popular del tablero político argentino actual: solo en la capital del país, salieron a la calle 350.000 mujeres -de distintas clases, ideas y partidos políticos- el 8 de marzo, Día de la Mujer.

En 2003 la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) repartió pañuelos verdes para visibilizar el reclamo. A partir de ese momento, los pañuelos verdes simbolizaron la lucha por el aborto legal. Dos años después, se formó la organización Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que presentó siete veces seguidas el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ahora se está debatiendo.

La votación en la Cámara de Diputados, el próximo 13 de junio, será definida por 37 legisladores indecisos. Y para ser ley debe ser aprobado también por el Senado, donde el 40% no ha expresado su postura públicamente.

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La historiadora Mary Beard encontró en la Odisea la primera ocasión en la literatura occidental en la que un hombre hizo callar a una mujer. El adolescente Telémaco ordena a su madre Penélope que se calle y vuelva a sus quehaceres, porque la palabra era “cosa de hombres”. Una premisa que 27 siglos después permanece: impera una idea que las voces de las mujeres no deben ser escuchadas en la esfera pública. Pero en la Argentina del 2018, la palabra es también de las mujeres y que el aborto se discuta en el parlamento y las calles se llenen de pañuelos verdes, mientras en la Casa Rosada hay un gobierno conservador, es prueba de ello.

Incluso en las épocas más oscuras, en medio de una dictadura, un grupo de mujeres se ató pañuelos blancos en la cabeza y salió a la calle a reclamar la aparición con vida de sus hijos. La voz de las mujeres ya no se puede silenciar. Ahora es necesario que el Congreso argentino no se tape los oídos.

 

Un problema de salud pública

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Centeno se especializa en Medicina General y Familiar. Este es un fragmento de su ponencia a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Por Carolina Centeno

Tengo 35 años. Soy porteña de nacimiento y chaqueña por adopción. Trabajo en el sector público de salud por convicción. Formo parte de un colectivo de profesionales que acompañamos a mujeres que por diferentes circunstancias, deciden con autonomía y soberanía de sus cuerpos, interrumpir su embarazo dentro de los marcos legales vigentes.

El debate fue traído al Congreso por las mujeres, no por los epidemiólogos, y entre otras razones fue traído como un problema de salud pública.

Según la OPS el campo de acción de la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, a través de sus instituciones públicas, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones. Un problema en salud pública se configura como una realidad insatisfactoria, sea de la población o de los servicios y sistemas de salud. Para definir si es más importante que otro, no es necesario que tenga una cifra de muertes impactante o como dicen los epidemiólogos, que sea sólo de gran magnitud. También se tiene en cuenta la gravedad (impacto sanitario y social), la disponibilidad de recursos políticos, económicos e institucionales para enfrentarlo, y la percepción y valoración de la comunidad.

La mortalidad materna es un claro ejemplo de que no hablamos sólo de un impacto numérico, hacemos hincapié en que la producen inequidades sistemáticas de modos de vida, que son evitables.

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El acceso inequitativo a servicios de salud esenciales, de calidad, gratuitos y seguros también producen muertes por aborto ilegal. Encierran también mecanismos de opresión, vulnerabilidad y desigualdad en el ejercicio efectivo y pleno del derecho a la salud de las mujeres, y a pesar de ello, no han sido foco de políticas sanitarias tendientes a reducirlas. No aceptamos que con argumentos falaces pretendan señalar que el aborto ilegal no es un problema de salud pública. Esas muertes son injustas y evitables por ese actor que hoy debe decidir si continúa mirando para el costado.

A pesar de las prohibiciones, las mujeres abortamos. Y las condiciones sanitarias en las que se realiza la práctica lo que torna inseguro al aborto. Pagar por la realización de esta práctica sostiene hoy un mercado millonario basado en la doble moral y en el ejercicio de la medicina de forma liberal y privada. Es un mercado parásito de un Estado que mantiene en nuestro país leyes restrictivas para el acceso legal.

Debatimos números, cifras de muertes maternas, religión, moral, creencia y pregunto ¿qué rol, qué papel ejerce hoy, no ayer, ni mañana, hoy el Estado como garante de los derechos de las personas todas?, ¿qué papel juegan los estados nacional, provinciales y municipales, en la garantía del acceso al derecho a la educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes? Leyes que existen, pero no se cumplen.

Si el aborto y su legalización es un problema de salud pública, el rol del Estado en esta realidad es ineludible. Los organismos internacionales ya se han pronunciado en varias oportunidades, señalando que se debe “acabar con el estigma y la discriminación en torno a la práctica, y prestar tales servicios en un marco legal, de manera segura y asequible”.

En una provincia atravesada por las creencias religiosas y las prácticas sanitarias patriarcales y violentas necesitamos un marco legal y jurídico que permita derribar las leyes restrictivas que instrumentan los cuerpos de las personas con capacidad de gestar y constituyen una grave violación a sus derechos humanos. Lo necesitamos con urgencia para contribuir a una real emancipación social. Porque el aborto legal es vida.

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