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Tiene que ver con la empresa PIMP y su vinculación con el municipio

Analizan la causa contra Ayala que la justicia provincial “archivó”

El diputado Ricardo Sánchez impulsó la acusación en 2015 porque el acuerdo no contó con la participación ineludible del Concejo de Resistencia

El tema de los contratos millonarios entre el Municipio de Resistencia y la empresa PIMP S.A. con el impulso y aval pleno de la intendenta Aída Ayala fue denunciado en 2015 ante la justicia provincial que optó por archivar el expediente plagado de irregularidades que ahora se analiza y será ventilado en el fuero federal.

En la semana pasada el propio procurador general Jorge Canteros reconoció que se está revisando la acusación contra la actual legisladora macrista presentada en su momento por el diputado Ricardo Sánchez. La gravedad de aquella denuncia fue creciendo hasta que el fiscal federal Patricio Sabadini pidiera la detención de la diputada nacional de Cambiemos que dijo iba a venir a Resistencia a presentarse ante la justicia pero que horas después cambió de opinión y solo emitió un comunicado.

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Ahora en la causa que involucra a la ex intendenta y diputada que quiere ampararse en el Congreso de la Nación, la situación se le complica mucho más que en 2015.

En la escena apareció investigado y detenido el sindicalista Jacinto Sampayo y se involucra a un poderoso empresario de la construcción que siempre fue favorecido durante la gestión de Ayala en el municipio junto a otras empresas que estarían vinculadas a PIMP S.A.

Se dijo que el fiscal Sabadini solicitó la detención de la Ingeniera Aida Ayala al encontrar material probatorio que la vincularía directamente con esta red de lavado de dinero.

El diputado Sánchez recordó que la denuncia contra la ex intendente Ayala se debió a los contratos que la Municipalidad de Resistencia firmó con PIMP S.A. “uno por 250 millones de pesos y otro 269 millones, ambos destinados a la prestación de servicio de esta empresa”.

Indicó que esa decisión “fue contraria a la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de Resistencia, que ordenan en cuanto a la concesión de servicios públicos la participación ineludible del Concejo Municipal, la cual debe ser aprobada con dos tercios de los concejales a favor”.

Hace pocas horas el procurador general, Jorge Canteros, dijo que lo “sabemos es que hay una denuncia anterior presentada por el diputado Ricardo Sánchez, y lo que estamos analizando” pero no explicó por qué esa causa fue archivada.

Se dijo que algunos de los fiscales que actualmente investigan a los ex funcionarios provinciales en aquel momento recibieron la denuncia del legislador peronista y, sería conveniente, que se explicaran los motivos, al menos por los canales informativos habituales del Poder Judicial, de aquella decisión que se contradice con este presente.

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia, hoy en trámite, como para investigar un delito provincial: malversación de los caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público” dijo una fuente de la justicia en relación a los delitos que se le imputan a la ex intendenta Ayala.

Se dijo que esa causa fue archivada por un integrante del mismo equipo que ahora investiga a los ex funcionarios provinciales. Un juez del fuero penal afirmó que “ahora deberán analizar muy en detalles si hay coincidencias entre esa denuncia del diputado Sánchez y la causa promovida por fiscal Sabadini porque sino la imagen que se dará no va a ser la mejor”. Lo que se investiga Los delitos que se investigan son lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor.

En tanto los delitos precedentes son negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de autor. Asociación ilícita, en calidad de autor (jefe). Enriquecimiento ilícito, en calidad de autor. Fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor. Incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autor.

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