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Paraguay: los presos políticos de la tierra

En la cárcel de Tacumbú, abarrotada de hombres sin condena, diez de ellos poseen las más altas sentencias posibles. Son campesinos y activistas por el derecho a la tierra.

   Hay un lugar en Asunción donde viven hacinadas 4.000 personas en un espacio preparado para un máximo de 1.300. En pabellones húmedos, a veces sin luz, a veces sin agua ni comida, hombres acusados de robo, asalto, homicidio o narcotráfico se mezclan sin distinción con pacientes psiquiátricos o adictos al crack.

   El 80 % de ellos desconoce cuál será su futuro, porque no ha ido a juicio y no tiene sentencia. Pero hay diez que sí tienen condenas: las más altas previstas en Paraguay, firmadas tras juicios irregulares y cuestionados. Se declaran presos políticos, los campesinos de la cárcel de Tacumbú. 

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Prisión de Tacumbú, la más grande de Paraguay, ubicada en Asunción, está llena de hombres sin condena y en su mayoría son campesinos que luchan por los derechos sobre las tierras.

   Estos diez condenados tienen en común otras cosas. Su comportamiento es ejemplar y la población de la cárcel los respeta. Todos dan algún tipo de servicio educativo a los presos más pobres y realizan diariamente algunos de los pocos oficios que existen allí, como la panadería, la cocina o la carpintería.

   También comparten un pasado común. Trabajaban la tierra en zonas rurales de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, y en sus comunidades eran dirigentes y activistas de organizaciones que defienden el acceso a la tierra y al trabajo de campesinos y campesinas, en el país con la distribución de tierras más desigual del mundo.

   Por esta lucha, el campesinado paraguayo suma a la tragedia latinoamericana de producir tantos recursos como muertos en su defensa. De cada diez ambientalistas asesinados en el mundo, seis son de esta región. Berta Cáceres en Honduras, Edwin Chota en Perú, Jorge Eliécer de los Ríos en Colombia, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima en la Amazonia peruana; los mapuches de Argentina y Chile; los cientos de líderes campesinos muertos en Colombia, sólo en los últimos quince años, en defensa de su territorio, de sus recursos y de una forma de vida.

   En Paraguay, desde la caída de la dictadura en 1989, en conflictos por la tierra fueron asesinados 115 dirigentes campesinos, pero ningún de sus autores fueron condenados. Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un cambio de método en la represión a quienes exigen tierra: si no los matan, los judicializan. Entre 2013 y 2015, fueron 460 personas imputadas y 273 detenidas.

   Estos casos judiciales se caracterizan por incumplir normas básicas del debido proceso, como la preservación de evidencias, o garantizar la defensa de los acusados. Los procesos judiciales de los diez campesinos recluidos en Tacumbú fueron denunciados por graves irregularidades por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Oxfam y organizaciones paraguayas, como la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) y la Pastoral Social de la Iglesia.

 

Ante la ley, algunos son más iguales que otros

   Uno de los campesinos de Tacumbú es Roque Rodríguez, de 64 años. Tiene cabello canoso y anteojos de abuelo. Desde su celda, que es habitación y despensa a la vez, ve cómo unos jóvenes “pasilleros” –los que por ser tan pobres viven en los corredores y patios de la cárcel– despojan a otro de unas bolsas con ropa y comida que le acababa de traer su madre. Rodríguez es uno de los “Seis”, como le llaman al grupo de campesinos encerrados desde hace casi doce años tras ser incriminados en el secuestro y muerte, en 2005, de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente Raúl Cubas.

   Hoy Rodríguez vende yerba mate, hielo y cigarrillos, y dice que sus habilidades de líder campesino le sirven para saber manejarse con la gente. “Me llevo bien con todos”, relata, señalando a los pasilleros desde su humilde pero arreglada y funcional celda. Cuando fue imputado era secretario general del Movimiento Agrario y Popular. Terminar en la cárcel no era algo que cruzaba por su mente. “La jueza tenía vergüenza cuando me condenaba, porque sin pruebas me estaba condenando; por presión política me condenaron, y hoy hace casi doce años que estoy aquí aguantando”, cuenta.

   El abogado y secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala Amarilla, explica que la condena de los Seis se apoyó en el testimonio de una sola persona, que además había hecho declaraciones contradictorias. “Son condenados sobre la base de un testimonio, que de por sí es ya una prueba mínima al no ir acompañada de documentación, y es controvertida porque no alcanzaría en ningún juicio normal para condenar a nadie”, dice.

   No muy lejos del habitáculo de Rodríguez, donde las actividades están a la vista de todos los visitantes habituales –desde familiares, abogados, transportistas, pastores menonitas, católicos, evangélicos, voluntarios de oenegés y funcionarios públicos de todo rango del Ministerio de Justicia, del Interior y de la Fiscalía– vive Rubén Villalba. Es uno de los once civiles condenados como únicos responsables de la masacre de Curuguaty, que dejó a seis policías y once campesinos muertos en un tiroteo con armas de grueso calibre durante una ocupación de tierras en el departamento de Canindeyú, en 2012. La investigación fiscal no demostró que los encarcelados fueran autores de los disparos que provocaron la muerte de los policías ni que portaran las armas que causaron dichas muertes. Tampoco se investigó la muerte de los campesinos.

   Villalba, que se dedicaba a cortar alambrados de tierras destinadas a la reforma agraria, pero que habían sido ocupadas por latifundistas que las mantenían ociosas, hoy sobrevive cerrando cada noche la puerta enrejada de su celda con un candado. “Dijeron que soy un terrorista, pero yo soy un simple campesino, un trabajador”, cuenta. Para el fiscal del caso, Jalil Rachid, Rubén Villalba es el responsable penal de homicidio doloso agravado consumado, homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

   Villalba y los demás campesinos de Curuguaty estaban acampados con sus familias en tierras estatales que la empresa Campos Morombi, de Blas N. Riquelme –uno de los tantos empresarios y políticos colorados amigos del dictador Stroessner–, disputa como suyas. Riquelme logró que un juez firmara la orden de desalojo, a pesar de que las tierras figuraban como públicas, según un informe emitido por el Congreso sobre el caso.

   El 15 de junio de 2012 ingresaron en esas tierras 324 policías y un helicóptero para desalojar a unas 60 personas, entre ancianos, hombres adultos, mujeres y niños. Según el informe, la cantidad desproporcionada de policías revela que no había predisposición al diálogo, sino a provocar una situación de extrema violencia y un desalojo rápido y forzoso.

   “Marina Kue pueblo mba’e; no como dijeron que era de Blas N. Riquelme. Entramos ahí para poner una casita, una chacra y mantener a nuestras familias, y por eso nos dispararon y nos condenaron a mí y a mis compañeros y compañeras”, dice Villalba. Asegura que no existen pruebas para incriminarlos y reclama que no se haya investigado la muerte de los campesinos. Él dice saber lo que pasó en Curuguaty: “Fue la política de la oligarquía y las empresas transnacionales. Fueron ellos quienes nos mataron”.

 

Encerrados por luchar

   La definición de preso político tiene matices, y es objeto de discusiones. Para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, un preso político es aquel que ha sufrido una detención que responde a motivaciones políticas, o la detención es resultado de “procedimientos que son claramente ilegales, y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades”.

   Según Amnistía Internacional, presos de conciencia son aquellas personas que “sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas (...) a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma”. En caso de que las personas presas hayan hecho uso de la violencia, la organización exige juicios justos.

   Otros tres campesinos presos en Tacumbú por el caso Curuguaty comparten celda en un pabellón religioso cercano a donde vive Villalba. Son Néstor Castro Benítez, de 35 años, Luis Olmedo, de 27, y Arnaldo Quintana, de 23. Las paredes y estanterías de su habitáculo de dos metros de ancho por cuatro de largo están tapizadas de fotografías de sus familiares.

   Hay tres camas de cemento. Cada una tiene un fino colchón con una funda blanca del Ministerio de Justicia. Mucha de su ropa la guardan en una bolsa arpillera para granos de trigo. Excepto por un traje, guardado para las ocasiones especiales, que cuelga cerca de la ventana atravesada por barrotes.

  Cuando ingresaron a prisión, hicieron huelga de hambre durante 59 días, exigiendo su liberación o, al menos, prisión domiciliaria. Ahora lucen recuperados, pero Néstor Castro y Arnaldo Quintana tienen una marca imborrable: Arnaldo recibió un disparo en el estómago, y a Néstor le alcanzó una bala en la mandíbula durante la masacre en Marina Kue, lo que le dejó una cicatriz visible en el rostro. Aunque tiene otra marca más profunda que no se ve: su hermano fue asesinado durante el mismo tiroteo. “Ahora estoy más o menos”, dice sentado en su cama.

   “Extraño a mi señora y a mis hijas, una de ellas acaba de nacer. Estoy preso hace más de cinco años por querer un pedazo de tierra en Marina Kue, Curuguaty. Yo no soy el responsable de esa masacre. Soy inocente y me condenaron a 18 años de prisión”, cuenta. Sus compañeros más jóvenes retornan a la celda luego de jugar un partido de fútbol. “Tienen que disfrutar los mita’i”, dice Castro.

   Arnaldo Quintana se pone una remera amarilla con letras rojas y negras que dice: “Es tiempo de justicia, tierra y libertad. Curuguaty”. Antes de la masacre, trabajaba con su madre en la chacra y soñaba con ser futbolista. Luis Olmedo se sienta en su cama y prende la radio con luces de colores. Suena una polca en guaraní. Quintana trepa en la litera de encima y le dice que solo le falta el sombrero piri.

   “Soy preso político del caso Curuguaty, me condenaron a 20 años de cárcel injustamente, sin pruebas ni nada”, asegura Olmedo. Su esposa, Dolores López, con la que tiene un hijo pequeño, cumple prisión domiciliaria por el mismo caso, al igual que su hermana, Fani Olmedo, madre de tres chicos, uno nacido en cautiverio. Antes de Tacumbú, Olmedo era agricultor y mecánico. Dice que extraña su trabajo. Tenía un taller, un lavadero y una gomería que ahora están en desuso.

   El abogado Óscar Ayala coincide en que ni Olmedo ni el resto de los campesinos apresados pueden ser catalogados como presos comunes. “Hablamos de personas que han ejercido y que siguen ejerciendo un rol consciente en torno a las reivindicaciones sociales y al activismo por los derechos de su sector, y eso los distingue de cualquier otro”, asegura.

   Los vicios del largo juicio de Curuguaty están apuntados en un cuaderno muy usado de Margarita Durán Estragó, una historiadora, investigadora y activista que solo faltó a dos audiencias durante todo el proceso. Para ella, se plantaron evidencias y se escondieron otras para incriminar a los campesinos y las campesinas. “Acusaron a los civiles y no investigaron a la policía. Hasta frenaron las autopsias y necropsias”, cuenta.

   En el mismo pabellón de la Pastoral Social donde viven los tres de Curuguaty, Arístides Vera, otro de los seis labriegos acusados por el caso de Cecilia Cubas, imparte clases de guaraní con un gran pizarrón flanqueado por dos puertas con barrotes y el cuadro de una virgen. El profesor no tuvo derecho a que su juicio fuera en guaraní, su lengua materna, como la de la mayoría de los paraguayos.

   Tampoco los campesinos del caso Curuguaty fueron juzgados en guaraní inicialmente. Sólo después de una sostenida protesta de la defensa, pudieron conocer toda la información que se exponía en el juicio. Según Durán, esto marcó un hito histórico. Fue el primer juicio oral a campesinos que se logró que sea en el idioma en que entienden el mundo.

   Los días se acumulan en la cárcel para los diez, entre los pasillos, el fútbol, los oficios de pasatiempo y la añoranza del destierro. Esperando por justicia, repasan sus vidas con activistas y periodistas extranjeros que de tanto en tanto los visitan para conocer sus casos. Al cumplir diez años de prisión, los Seis publicaron una autobiografía.

   Allí, Vera resume su deseo de vida, un deseo que asegura le ha costado la cárcel tanto a él como al resto de los campesinos en Tacumbú: “Mi origen es campesino. Mi sueño de libertad es que el campesinado tenga tierra, techo, salud, educación, accesibilidad a caminos para que sus productos sean más fáciles de comercializar. La libertad para mí es que toda mujer y hombre campesino tenga posibilidad de trabajar y vivir dignamente. Por eso he luchado durante toda mi vida y por eso me han encerrado. Soy un preso político”.

Publicado en https://kurtural.com/