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Rubén Perina
Por: Rubén Perina

Más Sanciones para el régimen madurista

Las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en República Dominicana (7 de febrero), fracasaron una vez más. Como era de esperar, el gobierno no aceptó ofrecer garantías para una elección presidencial integra y confiable, con observación electoral, como propusieron los cancilleres garantes (Chile, Mexico, Nicaragua, Bolivia) y la oposición.

El “diálogo” y las negociaciones siempre han sido una farsa, evidente desde hace tiempo. La dictadura madurista lo ha usado para engañar a la comunidad internacional y mostrarse “democrático,” mientras que al mismo tiempo ejerce un control autoritario y descarado del poder electoral, el poder judicial y el poder legislativo vía una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) inconstitucional, que actúa más bien como poder destituyente. 

El régimen mantiene presos o exiliados a líderes opositores, o simplemente los ejecuta extra-judicialmente como a al ex Capitán Oscar Pérez y otros siete alzados en armas contra la dictadura; inhabilita líderes de la oposición (Capriles, Ledesma, López, Machado); suprime la libertad de prensa; desconoce la legítima Asamblea Nacional, con mayoría absoluta de la oposición desde diciembre de 2015; organiza elecciones regionales fraudulentas (octubre 2017); no permite la ayuda humanitaria, porque develará la calamidad que azota al pueblo venezolano, y fuerza el éxodo de 4 millones de votantes de la oposición. En medio de las negociaciones proscribió ilegalmente a la coalición opositora (Mesa de Unidad Democrática-MUD) para las elecciones, y convocó elecciones anticipadas para el 22 de abril de este año. 

A nadie le queda dudas ya de que el verdadero propósito del régimen era usar las negociaciones para perpetuarse en el poder. Ante la farsa, el Paraguay, uno de los invitados independientes como garante del dialogo, nunca se presentó, México y Chile participaron pero se retiraron al develarse las intenciones del régimen. 

El fracaso de las negociación y la convocatoria electoral pone a la oposición venezolana entre la espada y la pared. Si no participa en las elecciones presidenciales convocadas adelantadamente por el régimen chavista deja a la población sin alternativa y la cancha abierta a Maduro y sus secuaces, para seguir subyugando al pueblo venezolano indefinidamente y destruyendo al país. Si, por otro lado, participa en elecciones dudosas, no confiables y no observadas, amañadas por el régimen, su derrota está garantizada; y si gana, por si acaso y descuido del régimen, como en las legislativas de diciembre de 2015, tampoco es seguro que el régimen le permita asumir o que no tenga preparado su desconocimiento, como ocurrió con la Asamblea Nacional (AN) por parte de la fraudulenta ANC. 

Pero el régimen también se metió entre la espada y la pared. La cúpula del régimen sabe que convocar elecciones limpias, justas y observadas es un suicidio. Los narco-gobernantes y corruptos del régimen saben que al perder, se les termina sus privilegios, inmunidad/impunidad, mantenidas hasta ahora por las armas y la ilegalidad, y van todos presos o a exilio. Por otro lado, si convocan y ganan elecciones no confiables, no observadas, la comunidad internacional no reconocerá su victoria, su aislamiento será mayor y las condenas y sanciones aumentarán, la crisis económica financiera y la calamidad humanitaria empeorarán. Podrá sobrevivir sólo con más represión. 

El Grupo del Lima (los 14 países mas importantes del continente ), más Estados Unidos, finalmente se ha dado cuenta de la farsa. Mientras que hasta hace poco le daban prioridad al diálogo, en su último comunicado de Santiago de Chile (enero 2018), desconocen la ANC por inconstitucional, condenan el adelanto de las elecciones (y menos sin garantías suficientes) y advierten que no reconocerán al nuevo gobierno que surja de tales comicios. 

Además,  Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ya han impuesto sanciones financieras y restricciones de viaje contra miembros del régimen, y se están considerando otras sanciones económicas contra el estado venezolano. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, inclusive ha pedido más sanciones contra miembros del régimen. Así mismo, la Conferencia Episcopal Venezolana ha rechazado la imposición de elecciones al igual que los partidos de Leopoldo López y de María Corina Machado que además han abandonado el dialogo. 

La única salida de democrática es un acuerdo y un compromiso firme y vigilado por la comunidad internacional, para la convocación de elecciones integras a su debido tiempo, o sea, elecciones libres, justas, transparentes, sin ventajismos, con nuevas autoridades electorales en el CNE, con libertad de prensa, y, por supuesto, observadas estrictamente por la comunidad internacional. 

El Grupo de Lima, convocado el 13 de febrero en Lima, para considerar la situación venezolana debería considerar las consecuencias para la paz y la seguridad regional de la radicalización y atrincheramiento de la dictadura madurista y explorar la imposición, unilateral o colectiva, de serias sanciones diplomáticas, comerciales y financieras contra individuos del régimen y contra el estado venezolano. Podrían empezar excluyendo a Maduro de la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en abril del corriente año. 

Rubén M. Perina, ex-funcionario de OEA,  es profesor de la Universidad de George Washington.