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Miguel Angel Fernández
Por: Miguel Angel Fernández

El carnaval legislativo, embargo judicial y otras presiones desafían al gobernador

Más allá de la multiplicación en toda la provincia de la celebración del carnaval con preeminencia de la tradición que hace sobresalir a las manifestaciones de General San Martín y Villa Ángela, de manera realmente insólita la incursión con escándalo de una diputada provincial de la bancada oficial en un palco de la competencia de comparsas correntinas, la más importante del país y gran atracción turística, desnudó una situación que tratará el miércoles la comisión legislativa permanente en base a una presentación de organizaciones sociales que piden la remoción de una legisladora a la que Peppo incluyó como una expresión renovadora en una elección que no tuvo el mejor resultado. Instalado como vicepresidente a cargo, el exministro de Gobierno, extitular de esa Cámara y presidente del Nepar, partido aliado, soportó el viernes una situación donde la cuestionada vociferó insultos sin retorno. Y esto lleva al ejercicio de la autoridad política del gobernador y también presidente del justicialismo: ya se definió sugiriendo la renuncia de la exsubsecretaria técnica de su gabinete y no es un secreto que espera que el bloque oficial se juegue y que todos los diputados reconozcan que un exceso de esta naturaleza en la vecina provincia trascendió a los cuatro vientos y afecta al prestigio que debe recuperarse ante el consabido descrédito parlamentario.

Un desgaste de riesgo

Si la situación sigue fuera de control hasta con la intervención de un conocido abogado penalista (el mismo que defendió a Sampayo en el trágico accidente de la ruta 11, caso que no está cerrado), aunque están en receso los legisladores del oficialismo deben reagruparse y calibrar el desgaste que rebota en la figura del gobernador que, de paso, debe poner en escena la lectura realista de los verdaderos apoyos con los que contará en los dos últimos años de gestión y no puede desconocer los entretelones de un internismo insaciable y debilitador. 

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Si ya resignaron una banca que pasó a manos de Aurelio Díaz, perder otra ante los ojos del país porque el escándalo se viralizó en las implacables redes sociales, el contrapeso resulta comprometedor para lo que viene sobre un rigor fiscal imprescindible que mantenga a flote la gobernabilidad de una provincia altamente dependiente del centralismo macrista.

Otra estocada judicial

A pesar de que se orientaban acercamientos del nuevo año con el Superior Tribunal y el alto cuerpo confirmó que los huelguistas que paralicen los tribunales no cobrarán cada jornada y también lo desafiaron ratificando un paro de 48 horas, el gobierno de Peppo está sintiendo una estocada importante que procede de la declaración de inconstitucionalidad de la prórroga urgente de la emergencia económica obtenida en la Legislatura ante un embargo promovido por el estudio que patrocinó más demandas del megajuicio y que acumularía honorarios estimados en 200 millones de pesos.

La historia empieza con el reclamo de honorarios profesionales que les fueron regulados a Carlos y Eduardo Claudiani por unos 45 millones, obteniendo el 15 de noviembre que el juzgado civil y comercial Nº7 declarara la inconstitucionalidad de la ley 7.751 y su decreto regulatorio, condenando a la provincia a pagar, además de aquella suma, intereses y costas por unos 26 millones más y decretando un embargo ejecutivo sobre cuentas de cualquier naturaleza, o sea fondos de recaudación provincial o la mismísima coparticipación federal, totalizando unos 72 millones.

La Fiscalía de Estado activó mecanismos para aliviar ese fallo pero el Superior Tribunal ratificó la inconstitucionalidad con una integración ad hoc, excepto la ministra Iride Grillo.

Hoy se considera recurrir a la Corte Suprema, según anticipo del fiscal de Estado, Luis Meza.

Los montos impagables

El gobierno de Peppo afrontó ese megajuicio con victoria de los judiciales que llevaban años en pos de un desenlace y tomó fondos en el exterior para encontrar una salida negociada, con participación de la fiscalía, la Fiduciaria y el propio Banco del Chaco.

A la fecha se consiguió un entendimiento de envergadura con estos datos básicos: 1.100 de los 1.342 actores de la demanda aceptaron y cobraron, con una erogación de 1.134 millones de pesos.

Si como pretenden los estudios patrocinadores de las demandas el Poder Ejecutivo debería cancelar de contado a cada uno de los actores en promedio se llegaría a 3.033 millones de pesos.

Por lo tanto el empréstito obtenido podría satisfacer solamente a 593 actores, dejando sin posibilidad de cancelación a otros 749.

En sucesivos acuerdos, sobre los que se vino informando, se aceptaron las modalidades de pago, siempre en el marco de la emergencia económica que hoy ha sido declarada inconstitucional.

Concederles a los abogados mencionados un trato diferenciado, apartándose de las reglas de juego aceptadas por la mayoría de los demandantes, abre una brecha financiera que resulta una complicación inesperada y seria para la tesorería chaqueña.

Las decisiones que vienen

Si bien ninguno de los tres poderes se dio por enterado del decreto “Campanelli” del presidente Macri y tampoco se tomó nota del control de presentismo que aplicará el Senado nacional, la autoridad política del gobernador chaqueño pasa por la apertura de créditos a intendentes y un mano a mano con mucho de ellos, en el marco del pacto y de la responsabilidad fiscal que deberá aplicarse inexorablemente.

Está en el horno un decreto del gobernador que marcará la cancha en todo lo relativo a la cuestión salarial donde, como ya adelantó la ministra de Educación, no se ofrecerá lo que la provincia no puede pagar y, además, se incorporarán estímulos al presentismo en las aulas, del mismo modo que se ejecutarán descuentos por los paros que han convertido al último ciclo lectivo en uno de los peores en detrimento de la escuela pública. El congelamiento de sueldos de ministros y altos funcionarios, el control de viáticos y otros matices ya se verá, como un encuadre de los montos siderales que se pagan en ciertas jubilaciones.

Al respecto, el ministro Ocampo hizo una aclaración ante un título periodístico: no es cierto que exista un ultimátum de Macri a las 13 provincias que retienen sus cajas jubilatorias. El tirón de orejas viene para la Anses que debe cumplir con dos pactos fiscales vigentes y sobre todo el último, que ordena arreglar en un plazo máximo de 120 días. Por eso el próximo miércoles habrá una reunión técnica donde las provincias, si no reciben respuestas concretas en materia de fondos compensatorios, pueden llevar la situación otra vez al ámbito político y judicial.

El Chaco profundo

Las contradicciones son imposibles de disimular: siendo el costo de la logística del transporte de cargas el nudo gordiano para la reactivación productiva del país cuando, como pasa en el Chaco, no se recupera el ferrocarril ni se aprovecha a pleno el abaratamiento de costos de la hidrovía, un paro de camioneros exigiendo tarifas más altas y el aumento de los combustibles y de los costos energéticos mostró las rutas chaqueñas bloqueadas y hasta con hechos de violencia como denunció la Bolsa de Comercio. Justamente aquí donde tendremos en Charata el primer remate de girasol de una cosecha que hemos concluido sin obtener un litro de aceite como valor agregado...

Y el desgastado ministro de Agroindustria, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, ha convocado a una reunión sobre competitividad de las economías regionales donde tal vez asista un rato el presidente Macri. El Chaco, que apenas sembró 120.000 hectáreas de algodón dentro de un área nacional de poco más de 500.000 que antes cubría sola esta provincia, no puede llegar a esa cita del día 21 sin un alegato de reconocimiento para toda la cadena de valores del textil y con un primer actor como el INTA.

Estamos a tiempo de reunir a los primeros actores y extraer las conclusiones del congreso realizado hace poco en Sáenz Peña.

Si el gobernador, como dice, no quiere ser un simple pagador de sueldos, tendría que promover con sus propios pares de otras provincias coincidencias de gestión para que se zafe del lenguaje tecnocrático del centralismo y se ponga toda la energía posible ante el vacío de una política algodonera, que debe ser casi un credo si queremos remontar esa cuesta donde cada día estamos más lejos de Buenos Aires.