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Rubén Tonzar
Por: Rubén Tonzar
El referendo independentista de Cataluña

Otra encrucijada de la crisis

El milenario nacionalismo catalán, que a lo largo de su historia supiera enfrentarse a figuras de la talla del rey Fernando de Aragón o el dictador Francisco Franco, entre otros, ha vuelto a las andadas. Ahora desafía a un poder que no parece más firme pero tampoco más sutil que aquellos. La crisis europea y mundial enmarca e impulsa el choque de trenes. Con o sin referendo, la herida seguirá abierta.  

La dirigencia política y empresarial catalana acompañó entusiasta y rigurosamente el camino de la España posfranquista desde 1975 hasta 2011. La bancarrota económica peninsular la impulsó desde entonces a reclamar al Estado central mayores porciones de la torta fiscal. Para hacerlo, le pareció muy útil aprovechar el contexto de masivas movilizaciones populares, en el Estado español y en Cataluña, cuando las reivindicaciones nacionalistas se entrelazaban con las protestas contra el “austericidio” impuesto por la Unión Europea y aplicado por el gobierno de Madrid. 

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El fenómeno nacionalista es tan fuerte que hasta ocupó espacios de negocio rigurosamente controlados, como los estadios de fútbol.

El ajuste

Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra dice que el desempleo en Cataluña llega al 13%, y entre los jóvenes de menos de 30 años se aproxima al 50%. La precariedad laboral es obviamente altísima, entre las peores de la UE. La caída salarial es mayor entre los trabajadores con sueldos bajos: en 2008, el 10% que menos ganaba tenía salarios de menos de 9.000 euros anuales, pero en 2016 el mismo decil cobraba menos de 7.800. El informe ilustra citando los ajustes presupuestarios que magnifican esta brutal caída: el gasto en educación disminuyó 17% en el mismo periodo, el gasto sanitario y la protección social descendieron 14%, y el de vivienda social cayó 60%.

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Pese a las sanciones de la FIFA y de la Liga Española, las esteladas (banderas catalanas) y las proclamas independentistas volvieron una y otra vez.

Artur Mas, líder de Convergencia i Unió (CiU), partido conservador que preside la Generalitat desde 1978, proclamaba: “La austeridad nos hará fuertes”. Ahora Mas está preso por corrupción, CiU se rompió, y el partido de Mas gobierna integrado en la coalición independentista Junts pel Si (JxS), que reúne a la derecha de Convergencia Democrática con la centroizquierda de Esquerra Republicana. JxS acusa de la austeridad y de la bancarrota al gobierno de Madrid, y reclama que Cataluña, quizá la región más rica del Estado español, que genera ella sola el 20% del PBI peninsular, tenga mayor autonomía y mayor decisión sobre los presupuestos autonómicos.

Como estos reclamos recibieron el rechazo cerrado e inconmovible del gobierno central, desde hace un par de años se pusieron al frente del renacido nacionalismo popular y lanzaron un referéndum para promover la constitución de un Estado independiente en la región. Este referéndum fue prenda de unidad para sumar a los anticapitalistas de Candidatures d'Unitat Popular (CUP), y para recoger el apoyo de mucha gente que, aunque no es independentista, está de acuerdo en enfrentar al gobierno de Madrid y en permitir la libre expresión de las nacionalidades que conforman el Estado español.

Choques y alianzas

El gobierno central tomó el referendo como un acto subversivo e insurreccional. Obtuvo un fallo del Tribunal Constitucional que lo declaró ilegal, y comenzó a actuar en consecuencia. Decomisó urnas, boletas y propaganda electoral de los independentistas, procesó a los alcaldes que apoyaron el referendo, tomó el control de las cuentas presupuestarias de la Generalitat, y puso a los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) bajo jurisdicción de la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, buscó aliados dentro de Cataluña sugiriendo que aceptaría concederle un régimen tributario especial, con potestad para fijar y regular sus impuestos, a lo que se había negado todos estos años. La secesión catalana implicaría la inmediata bancarrota de la economía española, cuya deuda externa superó el año pasado el 100% del PBI. La pérdida de esa región plantearía el automático default del país, lo que llevó a la Unión Europea a manifestarse plenamente solidaria con todas las decisiones del gobierno de Madrid. Por ello, muchos analistas consideran que la independencia catalana no será posible. Por ello, y porque una parte importante del gran empresariado y los financistas de Cataluña han decidido que no quieren paliar los costos que arrastrarían las represalias tras la ruptura.

Pero el conflicto sigue adelante porque, si bien Junts pel Sí se subió a la conducción del movimiento independentista, no parece tener todas las palancas en sus manos. A ello se suma la profunda crisis del régimen político (recordemos que casi todo 2016 transcurrió sin que pudiera formarse gobierno en el Estado central). Mientras el gobierno conservador de Madrid amenaza con el uso de la fuerza a los catalanes, partidos como el PSOE, Podemos y otros opositores llaman a una reforma constitucional para pasar del Estado de las Autornomías a un Estado de Naciones que blanquee la realidad de lo que es España.

Tenga lugar o no el plebiscito, las fuerzas centrífugas de la crisis mundial y la crisis política española seguirán actuando. La tendencia a la desintegración de la Unión Europea y de sus estados miembro, expresada en la crisis griega, en el separatismo escocés, en el Brexit, en el múltiple ascenso de la ultraderecha, entre muchos otros signos, está en pleno desarrollo. El independentismo catalán, donde se enredan las bondades de la autodeterminación con los males del separatismo, es sólo otra de sus manifestaciones.