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Presunta estafa: sin imputación sobre los denunciados, la fiscal notificó a Graciela Aranda

SÁENZ PEÑA (Agencia) - La fiscal Liliana Lupi informó el avance de la investigación en el marco de la causa por la que un grupo de 23 personas denunció penalmente a la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, al delegado del interior de ese sindicato Miguel Ramos y al bancario Luis Vargas por supuesta estafa, en el marco de una operatoria de venta de terrenos donde posteriormente debía construirse un barrio mediante convenio con el Instituto de Viviendas.

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La fiscal Liliana Luppi comentó sobre la investigación tras la denuncia presentada por un grupo de beneficiarios contra el Sejch por compra de terrenos para construcción de viviendas. “Aún se espera resultados de informes solicitados y todavía no hay imputación sobre los denunciados”, dijo.

La fiscal Lupi confirmó que “se ha cursado la notificación para que Graciela Aranda haga su presentación en el marco del proceso, aunque no sé si finalmente se diligenció esa medida porque aún no hemos recibido la notificación que el trámite haya sido culminado”.

Por ello, afirmó que “vamos a aguardar los resultados de esas diligencias, para tomar una decisión sobre si cabe la existencia de algún delito y si a alguno de los imputados le cabe la imputación en ese marco”.

Asimismo, la funcionaria judicial indicó que “en los primeros pasos hemos ordenado una serie de informes a distintos organismos y estamos trabajando en una serie de testimoniales de interés para la causa” y afirmó que “de momento no pesa ninguna imputación por delito alguno sobre los denunciados”.

Sostuvo que “vamos a esperar esos informes para ver si a partir de ellos surgen elementos que configuren alguna figura delictiva y en ese caso ver qué tipo de delito es y a quienes podría ser aplicado”. Recordó que dos de los imputados, Ramos y Vargas ya “han designado sus abogados para estar a derecho” y que se libró “el oficio con la notificación para que Aranda se presente, aunque todavía no hemos recibido la documentación que certifique la concreción positiva de ese trámite”, por lo que ayer fuentes judiciales confirmaron a NORTE que “la presentación podría darse en lo que resta de la semana o a principios de la próxima”.

Según la denuncia a la que tuvo acceso NORTE, por la operatoria los potenciales beneficiarios habrían efectuado “los pagos entre fines de 2014 y fines de 2015 e incluso el último habría sido vendido en el transcurso de este año, cuestión que se habría dado a raíz que algunos postulantes se bajaron de la operatoria, liberando cupos lo que derivó en ventas posteriores pero siempre dentro del marco del convenio, variando la fecha referida al inicio de la obra”.

Pero, según consta en la denuncia, “jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo”.

Los denunciantes hacen referencia a Ramos como el representante formal del sindicato y califican a Vargas como “la persona que recibía y contaba el dinero”.

Ambos eran quienes informaban e instruían sobre la operatoria en las reuniones a las cuales los potenciales beneficiarios ante la posibilidad que se les presentaba de adquirir una casa mediante el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda conociendo las facilidades que “el organismo ofrece para el acceso a la vivienda”. “Los terrenos que cada uno había adquirido fueron cancelados por cada postulante en su totalidad”.

Investigación en etapa inicial

En estos momento la investigación de la causa se encuentra en su fase inicial y “se está produciendo distintas medidas probatorias que son las primeras que se están diligenciando”, dijo la fiscal Liliana Lupi, quien lleva adelante la causa por la que están denunciados la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco Graciela Aranda, el delegado del interior Miguel Ramos y Luis Vargas.

En ese sentido consideró que “estos dos últimos ya se han presentado y designaron abogados defensores”, agregó la fiscal, mientras que en relación a Aranda indicó “ya ha sido enviada la notificación para que designe abogado defensor, cuestión que podría cumplirse esta semana”.

A la espera de resultados

Paralelamente, la conductora de la investigación aclaró que “estamos a la espera de los resultados de algunas medidas probatorias e informes que hemos solicitado, pero aclaró que “a ninguna de las personas denunciadas hasta el momento hasta ahora no se les ha imputado delito alguno”.

“Esta es una investigación incipiente, está en sus inicios por lo que en estos momentos estamos tratando de establecer si se dio la comisión de delito y en ese caso de que tipo de delitos pudieran existir, atribuir consecuentemente determinando a quien puede corresponderle la atribución del mismo”, señaló.

Reconoció que aunque los denunciantes hicieron la presentación judicial por el delito de supuesta estafa, “esto no es vinculante respecto a la figura del fiscal, es decir la calificación del hecho fue encuadrada legalmente por el denunciante pero eso debe determinarse mediante el marco probatorio que se acumule en el expediente no así tan livianamente de buenas a primera, prima facie”, dijo.

Pedido de informes

Asimismo la fiscal adelantó que “ya hemos solicitado una serie de informes a la Dirección de Personas Jurídicas, a la dirección de Catastro Municipal, al Instituto Provincial de Vivienda, a bancos al Registro de la Propiedad Inmueble para contar con toda la información necesaria sobre la situación dominial de esos terrenos y poder conocer más datos sobre la operatoria denunciada”.

Además dijo que se está trabajando para producir testimoniales “en su mayoría de los denunciantes en primera instancia y de otras personas que a criterio de esta fiscalía puedan aportar datos útiles a la investigación”, explicó Lupi, quien agregó: “No sé cuántas son en total las operatorias, la investigación se hizo apertura con las 23 denuncias que fueron presentadas”. “Esas testimoniales aún no se concretaron”, subrayó la fiscal al tiempo que indicó “la contraparte aún no ha aportado ningún tipo de documental ni solicitado producción de prueba, solo han hecho una conferencia de prensa donde “la señora Aranda habría dicho que la documentación está a disposición de los medios” por el lado de los denunciantes sostuvo que “algunos compraron terrenos en 2014 otros en 201, pero no hay agrimensura del terreno ni títulos de propiedad, por lo que estamos a la espera y presentaron como documental los convenios de adjudicación que formalizaron con Ramos, quien actuó en representación del sindicato”.

Además presentaron “una serie de documentales, como notas y demás y se solicitaron pedidos de informes respectivos para saber cuál es la situación laboral y otras de las personas denunciadas”.