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Cataluña avanza con su desafío independentista

En España, la imagen de unidad política que dieron hace menos de un mes en Barcelona el rey Felipe VI, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y el presidente español Mariano Rajoy, al participar juntos en el homenaje a las víctimas de los últimos atentados terroristas que golpearon a la península ibérica parece haber quedado en el pasado. Por estas horas, el llamado del gobierno independentista catalán para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma participen el 1 de octubre en un referéndum de secesión de España, ha generado una nueva crisis política con Madrid.

El gobierno regional que conduce el político y periodista Puigdemont, decidió llevar adelante la consulta ciudadana para preguntar a los catalanes si quieren que esa región de 7,5 millones de habitantes, una de las más ricas de España y entre las más prósperas de Europa, se convierta en un Estado independiente en forma de república. El llamado al referéndum se materializó a través de un decreto del gobierno catalán que avanzó con la convocatoria luego de que el Parlamento regional, con mayoría de los independentistas, aprobara una ley que busca dar un marco legal a la consulta. Pero esa movida no cayó para nada bien en el gobierno central de Madrid que interpretó la jugada como un abierto desafío a las instituciones del Estado de derecho, y ya anunció que rechaza la consulta por considerar que se trata de una medida ilegal e inconstitucional.

Lejos de retroceder, el gobierno de Puigdemont se mostró decidido a seguir adelante con el referéndum y a enfrentar los frenos jurídicos que Madrid ponga en el camino, como el recurso que presentó el gobierno central ante el Tribunal Constitucional para que declare “nulos y sin efectos” los acuerdos adoptados que permitieron la aprobación de la polémica norma en el Parlamento catalán, donde la mayoría independentista aprobó la ley del referéndum, que define la ciudadanía catalana como “un sujeto político soberano” y establece que en caso de que se imponga la voluntad separatista de la ciudadanía, la independencia de Cataluña será declarada en el breve plazo de 48 horas.

Tal como se esperaba, el Tribunal Constitucional de España suspendió la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán. El alto tribunal decidió aceptar los recursos presentados por el Ejecutivo español contra todas las normas sobre el referéndum aprobadas por la mayoría secesionista de la cámara legislativa y las autoridades políticas catalanas, lo que implica su suspensión automática y cautelar hasta que haya una sentencia del tribunal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, anunció que presentará una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros del Parlamento catalán que dieron luz verde a la tramitación de la ley del referéndum.

Pero todas estas decisiones no han sido suficientes para frenar el impulso de los secesionistas y por eso las autoridades catalanas ratificaron que seguirán adelante con la consulta a los ciudadanos prevista para el primer día del mes próximo. Pero el deseo de independencia no abarca a toda la opinión pública catalana que, según algunos medios locales, está dividida frente a este controvertido asunto. Sin embargo, más del 70 por ciento de los catalanes está de acuerdo con que se realice una consulta porque consideran que de esa manera el tema quedará resuelto de una vez por todas. Todo indica que el desafío catalán por la independencia llega a su etapa decisiva porque en los últimos días se han puesto casi todas las cartas sobre la mesa y lo ratificó la masiva manifestación del último lunes por las calles de Barcelona.