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Eduardo LópezPor: Eduardo López

Injusta justicia

Para que una democracia funcione de verdad se necesita que los tres poderes del Estado se integren en perfecta armonía, sin sobrepasar uno la órbita de los otros, pero guardando el objetivo de obrar en beneficio del servicio de los ciudadanos.

Cuando esto no pasa y existen desequilibrios suceden problemas que los padecen todos. Esto lo estamos viendo hoy en forma extrema con lo que pasa en la hermana nación de Venezuela.

Pero también pasa entre nosotros, en menor medida, pero que nos hace sentir en una interminable situación de crisis.

Y si bien hay deficiencias, y muy notorias, tanto en los Poderes Ejecutivo como Legislativo, existe opinión formada que donde más se hace hincapié es en el mal funcionamiento de la Justicia y no sólo por aquello de que “Justicia que llega tarde no es Justicia”, sino hasta por su estructura, las normas de su funcionamiento, la burocracia y la existencia de privilegios que apartan a ese poder del Estado de su verdadera misión.

Por mucho tiempo la Justicia, así genéricamente dicho, parecía un poder intocable, lejano, ajeno al quehacer de los ciudadanos, misterioso, casi críptico, como una especie de secta hasta en el modo de expresarse en sus dictámenes y resoluciones, casi como un idioma ininteligible para la mayoría que necesita de intérpretes (los abogados) para poder entender.

¡Urgente!, una reforma

En esta línea, un abogado hasta hace poco integrante del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, Alejandro Fargosi, opinó hace unos días en las páginas del diario La Nación que se necesita “una reforma urgente para la Justicia”.

En uno de los párrafos se expresa que “Sabemos que los jueces no deben tener debilidades. Para que puedan evitarlas disponen de una batería de garantías que favorecen un desempeño independiente y decente, pero aún así subsiste una minoría de magistrados pésimos.

Eso demuestra que no bastan sueldos y una obra social excelentes, régimen jubilatorio principesco, comodidades horarias envidiables y una estabilidad absoluta que superó con éxito varios años de asedio del Poder Ejecutivo.

La gran mayoría de los miembros del Poder Judicial es decente, pero la Justicia no funciona bien porque sus problemas no son solo algunos jueces pésimos, sino también estructuras y organizaciones del pasado y porque un mal entendido espíritu de cuerpo hace que los peores sean a veces protegidos por los mejores”

La responsabilidad de la Justicia

En este párrafo están sintetizados los principales problemas que afronta hoy este poder del Estado, que, y en esto estamos todos de acuerdo, hacen que la Justicia no esté funcionando bien, en muchos casos por vicios propios y en otros por estructuras y procedimiento obsoletos.

Y esto repercute en forma directa en el malestar de la sociedad. Hoy se ha tomado conciencia de que la falta de una administración correcta de Justicia se siente en todos los niveles y que los indicadores récords de pobreza, ignorancia, salud, inseguridad también se deben a la falta de Justicia.

Los jueces y todos los integrantes de ese Poder del Estado también son responsables de todo eso que le pasa a la sociedad, porque son miembros de un Poder del Estado, y su mala acción u omisión repercute en la vida de todos los días.

Servicio colapsado

Como el Chaco no es una isla, esto repercute también en la provincia y ha motivado un fuerte reclamo del Colegio de Abogados con sede en Sáenz Peña, que hizo conocer a la opinión pública “la lamentable situación que atraviesa el Servicio de Justicia con asiento en Sáenz Peña y que afecta a todo el entramado social, tanto a los justiciables como a quienes hacen de esta profesión su forma de vida”.

Se refiere y enuncia un sinnúmero de hechos a los que nunca las autoridades de la Justicia dan una solución concreta pese a constantes y permanentes reclamos.

Por lo que concluyen que el “Servicio de Justicia en nuestra ciudad ha colapsado. Hemos ingresado en un terreno en que decidimos decir basta y tratar de encarrilar la situación por el bien de nuestra comunidad”.

Se refieren a juzgados sin conducción, a demoras inconcebibles no solo en el dictado de resoluciones sino hasta los trámites más sencillos y muchas otras trabas para el común de los ciudadanos.

No creemos que los abogados de Sáenz Peña sean los únicos en sufrir estos temas y en general el reclamo podría ser suscripto por los de otras circunscripciones, sobre todo la de la capital provincial, donde residen mayor cantidad de ciudadanos, sin olvidar que los letrados son muchas veces los responsables de las demoras por su chicaneo permanente a favor de un cliente con recursos.

De esto se deduce que al mismo tiempo que se exigen cambios en la Economía, en la seguridad, en el funcionamiento de los partidos políticos, se requiere más que urgente un cambio, una reforma en la Justicia, que termine con vicios ancestrales y otros adquiridos con el tiempo para que realmente se retome este sector como un Poder de la Democracia, al servicio de todos y no solo de los que pueden pagar un abogado o son amigos del Poder.

Una reforma que vaya más allá de los cambios estructurales y tome a pecho la convicción de que la Justicia que llega tarde no es Justicia y que por eso se convierte en una injusticia.

Es más que urgente que esto se haga para que todo se adecue a este clamor popular cada vez más fuerte y que satisfaga ese casi innato sentido de la Justicia que tenemos los seres humanos.

Como los del Ejecutivo y como los legisladores, los jueces y sus allegados son servidores públicos que se deben a la gente y que, para tomar decisiones correctas deben salir de sus despachos y conocer como mínimo los ambientes sobre los que han de dictar sus resoluciones.

Si esto no pasa, cada vez más cobrará vigencia aquello que la Justicia no es tal y sus decisiones no le hacen honor ni siquiera a su nombre.