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Sobre el fallo originado en 1997

“Hubo desidia en la defensa de los intereses del Estado”, aprecia el fiscal Luis Meza

El fiscal de Estado, Luis Meza, aseguró que existió “desidia en la defensa de los intereses” del Chaco, al referirse a un nuevo fallo contra el Estado provincial por sumas millonarias que reclaman empleados retirados de la Administración Tributaria Provincial (ATP). La causa data de 1997 y atravesó durante dos décadas distintas instancias hasta ahora, cuando una sentencia de cámara podría significar la obligación de pago con la que deberá cargar el actual gobierno.

En declaraciones a radio Universidad, explicó que la demanda contra el Insssep “fue una sorpresa poco grata” para el gobierno chaqueño. “Estamos saliendo de un problema importante, como el de los acreedores judiciales, y nos encontramos con otra deuda”, lamentó Meza.

meza.jpg“Con mucho dolor veo que hubo mucha desidia en la defensa de los intereses del Estado en años anteriores”, señaló el fiscal de Estado, Luis Meza.

Así, confirmó que la sentencia fue emitida por la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa integrada por los jueces Antonio Luis Martínez -secretario general de la gobernación durante el mandato de Roy Nikisch- y Gloria Cristina Silva.

“Se inicia en 1997 (durante la gestión de Ángel Rozas en la gobernación), con un reclamo de 123 jubilados de la ATP por diferencia de haberes”, reveló el fiscal y explicó que esas diferencias demandadas se vinculaban con conceptos como el fondo estímulo, horas extras, antigüedad, entre otros rubros.

Meza dejó claro que en demanda interviene la Asesoría Jurídica del Insssep. “Como Fiscalía de Estado tomamos intervención con el control de legalidad y ahora el gobernador me encomendó el seguimiento específico y un abocamiento total a la causa, para poder hacer una impugnación integral a la liquidación practicada en el expediente”, adelantó.

Fue más allá y planteó que existe “un error abismal en cuanto a los índices que se toman, porque no puede ser que los montos lleguen a los niveles que llegan en tan poco tiempo”. “Creemos que la tarea no será fácil”, admitió, aunque consideró que “existe la posibilidad de revertir” el fallo.

“Los jueces tienen la facultad de morigerar cualquier suma que consideren ilegítima o en demasía en cualquier planilla de liquidación”, explicó el fiscal y resaltó: “Hay que revisar el comportamiento de la defensa técnica y ver cómo morigerar y verificar todos los errores existentes en la planilla de liquidación, porque nosotros todavía como Fiscalía no estamos notificados”.

Como ejemplo de la magnitud del fallo, una de las demandas iniciadas en 1997 reclamaba 18.000 pesos, suma que luego de 20 años asciende a 3 millones de pesos. “Son montos irrisorios. Estamos viviendo en Argentina, no en Suiza”, ironizó Meza.

Política de Estado en materia de deudas

“Los funcionarios que pasaron por la administración pública deberían hacer una defensa más eficaz del Estado”, resaltó el fiscal y enfatizó: “El Estado es un todo, no es Casa de Gobierno o la Legislatura, es la gente. Y por un lado o por otro, siempre vamos a colaborar todos para pagar este tipo de deudas, por lo que debemos ser muy cuidadosos”.

“Con mucho dolor veo que hay mucha desidia en la defensa de los intereses del Estado, en años anteriores, que han llegado a este tipo de punto innecesariamente porque también hay que tener la habilidad de gobernar con una política de Estado en materia de deuda”, reclamó.

En tanto, adelantó que otro caso que preocupa es la causa Alonso de Martina, con reclamos vinculados con las remuneraciones y a su equiparación federal. “Está en la Corte Suprema, pero ya tuvo pronunciamiento por parte de la procuradora, no muy alentador. En algún momento deberá pagarse”, concluyó.