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El STJ emplazó a 60 días al gobierno para mejorar un pabellón de la alcaidía

El 6 de febrero NORTE anticipó que las defensoras general y adjunta habían recurrido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) con un habeas corpus colectivo que alcanza a 37 internos alojados en el pabellón 9 de la alcaidía de la capital chaqueña, a raíz de las malas condiciones detectadas. Ayer el máximo tribunal dio dos meses de plazo al estado provincial para revertir el actual cuadro.

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Las defensoras Alicia Alcalá y Gisela Gauna Wirz, durante la recorrida en la alcaidía que derivó en la presentación del habeas corpus.

El STJ hizo lugar al habeas corpus correctivo y colectivo presentado por el Ministerio Público de la Defensa y ordenó al poder ejecutivo que de manera “inmediata y urgente” tome las medidas necesarias que garanticen “el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado” de las personas alojadas en el pabellón IX del Complejo I de Resistencia.

En este sentido, ordenó que las tareas de refacción deban realizarse en un máximo de 60 días desde la notificación.

La sentencia 04/17 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales establece que tales acciones deben encararse especialmente respecto “al problema de la provisión de agua potable, el estado precario de sanitarios y cloacas e instalaciones eléctricas, como así la adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal y el acceso efectivo a la atención médica y/u odontológica y/o de salud”.

Así la presidenta Iride Isabel Grillo y los ministros Rolando Toledo, Emilia Valle, Alberto Mario Modi y María Luisa Lucas resolvieron por unanimidad en favor de la solicitud efectuada por la defensora general Alicia Alcalá y la adjunta Gisela Gauna Wirz en el expediente 01/17.

Además, dispusieron que las personas alojadas allí, sus antecedentes e historias clínicas, sean examinadas por los médicos del Instituto Médico Forense del Poder Judicial, quienes luego elevarán un informe con las condiciones de la prestación médica, odontológica y de salud que reciben.

Por último, dispusieron la conformación de una mesa de trabajo que permita acodar medidas adecuadas para “subsanar los problemas verificados”.

Qué dice el fallo

En los argumentos que llevaron esta resolución los jueces del STJ hicieron eco del informe presentado por la Dirección General del Servicio Penitenciario y Readaptación Social que evidencia “la recurrencia del problema concerniente a la provisión de agua y obstrucción de cloacas y cañerías”. Las instalaciones no dan abasto para responder a las exigencias de 550 internos, más el personal, situación que conduce a su colapso frecuente.

Dentro del pabellón IX hay 37 internos, 20 de los cuales tienen carpeta médica por la frecuencia con que solicitan atención y algunos tienen enfermedades como tuberculosis, sífilis, piodermatitis, uno con padecimientos psiquiátricos y dos con cirugías pendientes. Por otro lado, la inspección ocular que realizaron los ministros Toledo y Valle en el lugar permitió certificar “el avanzado estado deterioro en el cual se encuentra”.

La instalación eléctrica es deficiente y peligrosa, con cables expuestos sin protección alguna; solo dos de los cuatro baños están habilitados (aunque rotos, sin provisión de agua potable y en pésimas condiciones de higiene); en las celdas hay hacinamiento, con personas que duermen sobre el suelo, la provisión de agua es fraccionada y los artículos de higiene personal son entregados los días de visita.