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Adulteración de documentación y abuso de firma en blanco

Unificarán todas las demandas de los choferes de la exGran Resistencia

A fines del año pasado, NORTE informaba sobre la situación de varios choferes de la desaparecida empresa Gran Resistencia, ahora en Ersa Urbano Línea 3, cuyos salarios estaban siendo embargados judicialmente, por sumas exorbitantes, en nombre de la ejecución de pagarés que supuestamente habrían firmado en beneficio de una empresa “Práctica SRL”.

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Miño, Esquivel y Pinatti exhiben los desproporcionados embargos que sufren sus salarios. La causa puede dar un salto con la incorporación de  las demandas de otros perjudicados por los mismos individuos.  

Cuando averiguaron que la titular de “Práctica SRL” era la señora Natalia Leticia Masdeu, esposa del demandante Carlos Guillermo Varas, a su vez fue largo tiempo representante legal de la empresa Gran Resistencia, los trabajadores comprendieron dónde estaba la madre del borrego.

Los choferes trabajaban desde 2007 en la empresa Gran Resistencia, donde fueron reclutados “en negro” por el socio gerente Jorge Monzón, quien a cambio del trabajo les hacía firmar –como “resguardo contra eventuales demandas” por emplearlos ilegalmente-, pagarés en blanco. Necesitados imperiosamente de un trabajo, los choferes aceptaron el requerimiento. En 2015, la Municipalidad retiró la concesión a Gran Resistencia, y tras dura lucha los trabajadores lograron que se los contratara formalmente en la nueva prestadora Ersa Urbano SA. Y a esta empresa era adonde llegaban las órdenes de embargo.

Hugo Esquivel, Abel Miño, José Pinatti, Mariano Cardozo y Alexis Giménez, cinco de los damnificados, en noviembre presentaron denuncia penal contra Masdeu, Varas y Monzón, por adulteración de documentación privada y abuso de firma en blanco. Asimismo, patrocinados por el abogado Pablo Vianello, solicitaron a la doctora Rita Ingrid Wenner, de la Fiscalía número 1, que investigue cómo la empresa “Práctica SRL” consiguió aquellos pagarés, y si Monzón es partícipe de la demanda de ejecución. Cumplidas estas diligencias, y concluido el peritaje sobre la documentación presentada por Giménez, la fiscal Wenner les comunicó que solicitará el envío de las causas de otros choferes que actualmente lleva el Ministerio de la Defensa Pública, para sumarlas a esta causa.

Reunidas todas las demandas en el mismo juzgado, los damnificados estiman que deberá avanzar mucho más rápido la causa, que en su momento fue caratulada “abuso de firma en blanco” (art. 173 inciso 4 del Código Penal), “caso especial de defraudación” que contempla prisión de un mes a seis años “al que cometiere defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio, o de tercero”. Los choferes esperan de esta manera recuperar el dinero que les fue sustraído mediante los embargos, pero además que se siente un precedente contra los abusivos que lucran parasitando el trabajo ajeno.