Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/147178

“Fiduciaria no interviene para nada en el régimen de adjudicación de la tierra pública”, resaltó Slanac

El presidente de Fiduciaria del Norte recordó que, ante la creación de fideicomisos públicos, la empresa de capital estatal mayoritario afronta exhaustivos controles de diversas áreas de la Administración Provincial y de organismos externos.

El presidente de Fiduciaria del Norte S.A., Sergio Slanac, detalló aspectos centrales de la creación de fideicomisos para distintas dependencias del Estado provincial, figuras que no implican el reemplazo de funciones ni obligaciones de las áreas gubernamentales involucradas, y en cambio ofrecen ventajas que sólo la compañía estatal puede otorgar en términos de equipos especializados, financiación y agilidad de las distintas acciones encomendadas.

fidu.jpg

Así, explicó que la instrumentación de un fideicomiso ordinario de administración no reemplaza las funciones específicas que tiene asignada la jurisdicción para la cual fue creado y que actúa como fiduciante (aportante de recursos).

El más reciente fideicomiso creado fue el del Instituto de Colonización. Esta figura tampoco “evita las normas y procedimientos a que está sujeta cada dependencia del Estado, ni delega funciones y/o responsabilidades que le son propias”, expuso Slanac.

“El fideicomiso es simplemente una herramienta con que hoy cuenta el Estado, para lograr de manera más eficaz y eficiente la implementación y ejecución de las políticas públicas involucradas”, resaltó.

Capital estatal

La administradora fiduciaria, es decir Fiduciaria del Norte S.A., es una empresa de capital estatal mayoritario creada por la Ley provincial Nº 5.005, con facultades, procedimientos y controles expresamente establecidos en ese plexo normativo. Conforme a la Ley Nº 4787 de Administración Financiera, Fiduciaria del Norte, como sociedad del Estado, integra el Sector Público provincial (más precisamente el Subsector 4).

Así está previsto en el inciso d) del artículo 4º, Capítulo 2 de dicha Ley, que en su parte pertinente establece: “…Para los entes que conforman el Subsector 4, las disposiciones de esta ley serán obligatorias cuando el ámbito de aplicación de determinadas normas comprenda a todo el Sector Público provincial, en tanto no resulten incompatibles con las leyes de creación, estatutos o normas similares de las entidades comprendidas en dicho subsector”. “En lo demás serán de aplicación supletoria, con igual limitación”, indica la normativa.

“La misma norma prevé situaciones de excepción. Ahora bien, la no aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 4787 no implica que el Estado se desentienda de los bienes que transmite al fideicomiso ni delegue funciones que le son propias”, resaltó Slanac. En cambio, la norma deja claro que la titularidad se transmite a Fiduciaria para que, según las bases y objetivos que señala la propia Administración Pública, integre una estructura administrativa por cuyo conducto aquélla pueda realizar los fines fijados en el contrato de fideicomiso respectivo.

“Debe controlarse que los aportes fiduciarios hayan estado debidamente presupuestados, que el funcionamiento del fideicomiso consolide con la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, entre otros aspectos, siempre sometido al control de los organismos de contralor, que tanto la Ley Nº 5005 de creación de Fiduciaria del Norte como su modificatoria 5688, establecieron”, subrayó el funcionario.

Áreas técnicas y de control

El acto de creación de un fideicomiso público requiere un afinado análisis que involucra la intervención de áreas técnicas de la Administración Pública, como por ejemplo la Contaduría de la Provincia. También debe tenerse en cuenta que es preciso respetar las pautas que rigen su organización, funcionamiento y el régimen de contrataciones de Fiduciaria del Norte S.A., que surgen de las normas citadas, haciéndose hincapié en los controles a los que debe someterse cuando administre fideicomisos públicos, es decir aquellos instrumentos en los que el Estado participe como aportante. Expresamente, la Ley Nº 5688 en su parte pertinente establece: “Artículo 17. Todas las contrataciones que, con fondos del Sector Público provincial, efectuare Fiduciaria del Norte S.A., estarán sometidas al control del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría General y de la Fiscalía de Estado, en el marco de sus respectivas atribuciones". “A todo ello debemos sumarle aquellos controles que son propios de la actividad fiduciaria, como los correspondientes al irrestricto cumplimiento de las normativas de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina, con lo cual se evidencia de manera muy clara que el manejo de los fondos públicos a través de la figura del fideicomiso no solo está legalmente enmarcado sino que posee tantos o más controles que los requeridos por otra vía”, resaltó el titular de Fiduciaria.

Argumentos infundados

En ese contexto, Slanac subrayó que son infundadas las apreciaciones acerca de la estructuración del Fideicomiso del Instituto de Colonización (de carácter público), donde se afirma que tiene un efecto contrario a preceptos de la Constitución Nacional, provincial y normativas como la Ley N° 2913. Sobre ese aspecto, Slanac expuso que Fiduciaria del Norte “no interviene para nada con el régimen de división y/o adjudicación de la tierra pública, ya que las mismas son facultades exclusivas del Instituto, establecidas por Ley Nº 2913”.

Luego, subrayó que “el patrimonio que el Instituto aporta al fideicomiso creado no está conformado por tierras públicas, sino que son disponibilidades de su presupuesto para gastos de funcionamiento y esa es la finalidad que persigue dicho fideicomiso”.

En otro punto, señaló que “las facultades del Instituto de Colonización fijadas por la ley no son delegadas bajo ningún precepto, sino que Fiduciaria solo actúa como una herramienta de dicho Instituto, para dar cumplimiento de manera más eficiente con determinados actos de administración expresamente instruidos por el organismo”. Por último, recordó que la propia Ley Nº 2913 establece que los fondos que recaude el Instituto deben ser aplicados a gastos de funcionamiento, y es allí donde radica la actuación del fideicomiso.

Ventajas del fideicomiso público

La implementación de la figura del fideicomiso público permite cuatro acciones básicas. La primera son las contrataciones ágiles y eficientes reguladas por normas legales, contractuales y reglamentarias específicas, sometidas a estrictos controles.

Es decir, su implementación no tiene interferencia alguna con el control que deben efectuar el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado sobre todas las contrataciones que efectúe Fiduciaria del Norte S.A. con fondos provenientes del Sector Público Provincial tal como lo dispone la Ley 5005 y su modificatoria 5688 en su artículo 17. La segunda son los instrumentos de pagos emitidos, no solo de manera más rápida sino a través de modalidades más ventajosas para los beneficiarios.

La tercera acción posible a través de este tipo de fideicomisos es la posibilidad de realizar inversiones de excedentes que puedan generarse en la gestión, abriendo oportunidades para el incremento del patrimonio fideicomitido, lo que conlleva a contar con mayor disponibilidad de fondos para dar cumplimiento con el objeto planteado.

Y finalmente, la facultad reservada del fiduciante (aportante de fondos) de autorización al fiduciario para realizar actos de disposición o de impartir instrucciones respecto de la administración y funcionamiento del fideicomiso, lo que permite tener un control de las acciones a llevar a cabo. Sumado todo lo mencionado a los controles a que está sometida Fiduciaria, tornan a esta figura con la máxima seguridad.