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Lamentable retroceso en salud mental

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la resolución 1003 de este año, dispuso que se vuelva al antiguo sistema de internaciones en instituciones monovalentes, conocidas vulgarmente como manicomios, dejando así sin efecto uno de los más importantes avances logrados a partir de la aprobación de la ley nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, que planteaba la necesidad de reducir las internaciones en hospicios.

La polémica resolución impulsada por el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, ordena que se restablezca la normativa que regía el sistema sanitario en todo el país con anterioridad a la sanción de la ley nacional 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, pese a que el proceso de “desmanicomialización” que impulsó la norma, tuvo un amplio reconocimiento de organizaciones de derechos humanos y, además, se constituyó en un antecedente de referencia para otros países. Es que el marco normativo que se estableció hace seis años, saldó una deuda pendiente con muchos de los usuarios del servicio de salud mental que sufrían la exclusión social por el prejuicio que consideraba que eran peligrosos para la sociedad. En una visita que realizó a Resistencia el autor de la ley nacional 26.657, el psicólogo y exlegislador de Tierra del Fuego Leonardo Ariel Gorbacz, recordó que antes de ser sancionada, la ley fue objeto de debate durante cuatro años en el Congreso de la Nación y a través de distintos mecanismos que habilitaron la participación de la comunidad. Gorbacz sostuvo, además, que ese prejuicio sobre la “peligrosidad” de los usuarios del servicio de salud mental se fue consolidando a través de instituciones de encierro, de prácticas sanitarias que desoían las voluntades de las personas y de figuras jurídicas que sustituían decisiones personales por decisiones de terceros.

Debe señalarse que la sanción de esta ley nacional marcó un antes y un después en la larga tarea que se venía llevando adelante para cambiar el paradigma en el cual las personas usuarias de los servicios de salud mental eran objetos de tutela y protección, y el cambio dispuesto ahora por el Ministerio de Salud de la Nación representa un serio retroceso, lo que llevó a organizaciones sociales que trabajan en la defensa del derecho a la salud y los derechos humanos a pedir al ministro Lemus que anule la resolución ministerial que impulsa el retorno al antiguo sistema manicomial, por entender que el cambio que se pretende realizar vulnera los derechos de los pacientes. En una presentación que realizaron ante el Ministerio de Salud de la Nación estas organizaciones, que están nucleadas en la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y de Derechos Humanos, observaron que la ley cuyos alcances ahora se quiere dejar sin efecto propicia la reducción de las internaciones de pacientes en los hospitales psiquiátricos, tanto públicos como privados, y promueve la atención multidisciplinaria, ambulatoria y comunitaria. En ese sentido advirtieron que la decisión de dar marcha atrás con el proceso de “desmanicomialización” afectará “a un número indeterminado de personas con discapacidad psicosocial cuyos derechos se encuentran protegidos por tratados internacionales” de Derechos Humanos y normas “de jerarquía constitucional”. En una nota dirigida al ministro Lemus señalan que la medida “pone en juego y en riesgo su derecho a la salud, en particular a la salud mental, y sus derechos a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad”. Para las más de 40 organizaciones de todo el país que integran la Red Nacional de Salud Mental la polémica resolución “adolece de vicios en su causa, en su objeto, en el procedimiento, en su motivación y en su finalidad, que la tornan nula”. Indicaron además que en caso de ser rechazado el recurso administrativo ante las autoridades nacionales, la Red se presentará ante la Justicia para pedir que se dejen sin efecto los cambios de la resolución 1003.

La ley nacional de Derecho a la Protección de Salud Mental tuvo el mérito de reconocer la autonomía de las personas con padecimientos mentales y poner en evidencia que el manicomio no era la única respuesta para los interrogantes planteados en los casos de salud mental. Es de esperar que la cartera sanitaria nacional anule la resolución y evite volver a viejos paradigmas que refuerzan la exclusión.