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Hacia una ley federal de las culturas

Francisco Romero, uno de los dos directores nacionales de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, condujo el programa que debía llevar adelante los foros de debate para la elaboración de la ley de cultura.

Luego de 46 encuentros con más de doce mil participantes se redactó un anteproyecto de Ley Federal de las Culturas que se envió al Poder Ejecutivo y ahora espera ser una de las grandes medidas del primer semestre.

 

–¿Por qué se esperó tanto para elaborar una ley que se presentaba como imprescindible?

–Porque no estaba valorizada la cultura en la agenda pública. En 200 años de historia, habíamos tenido sólo dos congresos argentinos de cultura, y que hasta 2006 nunca había habido alguno. Desde los campos de la gestión, del arte, del pensamiento, de la actividad sociocomunitaria no se había promovido una reunión para discutir las políticas públicas federales y el rol del Estado ni los derechos culturales como derechos humanos. No había una agenda pública del Estado para plantear la cultura como razón de Estado y en términos federales.

 

–¿Qué era la cultura, entonces, para el Estado?

–En términos de gestión estatal, una agencia de contrataciones y, en el mejor de los casos, promotora de grandes eventos. Pero en los últimos doce años hubo un trabajo muy interesante en términos de generación de un archipiélago legislativo que pensara de manera holística. Salió lo referido al teatro, hubo financiamiento para lo audiovisual. Se fueron generando, desde las partes al todo, aunque sin pensar en el todo. Recién en el Congreso Argentino de Cultura de Mar del Plata en 2006 se cobró conciencia de que necesitábamos tres cosas imprescindibles: ministerio, presupuesto digno y una ley nacional. Volvimos a pedirlo en Tucumán y la respuesta del Estado fue la creación del Consejo Federal de Cultura que la dictadura había eliminado. Después estuvimos en San Juan y en Chaco, y siempre se pedía lo mismo.

 

–Pero…

–…Pero las dificultades estaban orientadas en dos sentidos. Por un lado había un gran consenso, independientemente de las disciplinas, en todos los ámbitos de la cultura y del arte en que necesitábamos esas tres cosas. Y por otro lado, había también un avance en los sectores de la gestión de que necesitábamos la consolidación institucional de las partes: un instituto de la danza, uno del teatro, uno de la literatura, uno de la música. Y en esa tensión no se supo resolver lo que llegó luego. Pero como producción teórica, cada Congreso Argentino de Cultura iba generando las bases para este anteproyecto de Ley Federal de las Culturas. No había mucho que inventar, sólo faltaba la decisión política. Por eso, cuando surge el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, lo planteamos con mucha humildad, sin pensar que estábamos abriendo el camino. Sí pensábamos que éramos los herederos de un trabajo disciplinario, transversal, socio-cultural y político. Recogíamos eso y planteábamos que éste era el momento.

 

–¿Por qué?

–Porque no podíamos cerrar una etapa de conquista de derechos y de conciencia de esos derechos sin plantear que no hay batalla política o económica por la soberanía sin que esté fundada o sostenida en una soberanía cultural. Si nos vencieron política, social y económicamente durante la dictadura y el neoliberalismo de los ’90 fue porque nos conquistaron la cabeza y el corazón. Hubo una colonización cultural y pedagógica. Por lo tanto, más allá de la ley que concebimos como un instrumento, se trata de pensar el país a partir de generar las bases de un proyecto emancipador de soberanía cultural que, al mismo tiempo, no puede estar atado a viejas concepciones.

 

–Es decir…

–Tenemos que plantear que no hay soberanía cultural sin soberanía digital y comunicacional. Ese fue el puntapié. La creación del Ministerio y la llegada de Teresa Parodi allí aceleraron esa tendencia.

 

–Se espera que la ley se promulgue este año. Un cambio de signo político, ¿puede dinamitarla?

–Corre peligro, al igual que cualquier legislación que busca transformar una matriz ideológica y social, que habla de derechos. Esta ley plantea que sus sujetos son todos los habitantes del país, no sólo los argentinos. Y plantea una industria cultural que no genere concentración monopólica, sino que genere una ficción nacional. Por supuesto que corre peligro. Por eso es muy importante que haya un sujeto deseante, que la comprenda y la defienda, que la sociedad civil tome conciencia de que más allá de los gobiernos de turno, éste es un instrumento que le pertenece. Somos conscientes de que los derechos no se garantizan por estar en un papel, sino que se conquistan. Podemos obtener un instrumento, pero es deber de un debate federal y de la constitución de un sujeto multiforme y multiétnico que va a estar vigilante y expectante acechando que la ley se cumpla.

Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, es uno de los “armadores” del anteproyecto.

 

–¿Cómo puede cumplirse esa premisa?

–Necesitamos, no bien se promulgue la ley, generar otro debate, más allá de este año, por un plan estratégico de desarrollo cultural que observe las experiencias suramericanas. Lo mejor de la legislación cultural hoy está en nuestra región. Ese debate que viene debe ser muy honesto, planteando que no se remueven las estructuras o paradigmas de la noche a la mañana. Debemos generar un plan estratégico de desarrollo cultural para definir metas a corto, mediano y largo plazo. Metas que digan cómo construimos un mapa federal a partir de imaginar redes y circuitos que no son sólo el de las regiones. Y hay que pensar con los protagonistas esos circuitos y esas redes. Para eso decidimos crear observatorios de políticas públicas federales en las universidades: una trama interesante, ya que las tenemos en todo el territorio. Serán las universidades y la sociedad civil los garantes, además del Estado del cumplimiento de estos derechos. Estamos rodeados de peligros, pero hay que buscar, más allá de la ley, los factores sociopolíticos para que tengamos otras clases de instrumentos.

 

–Plan estratégico, observatorio universitario, ¿cuál más?

–Crear algo que nos falta: cómo ponderamos qué nos pasa culturalmente. Hasta ahora lo hacemos con el código de barras del mercado, indicadores culturales cuantitativos. Y necesitamos indicadores culturales cualitativos. Esa es una tarea para especialistas y para quienes están en el territorio. Sólo ellos saben cómo aparecen, por ejemplo, las orquestas infanto-juveniles de cada lugar que le cambian la vida a la región. Nos parece que ese es el desafío más importante en un año en que debemos plantearnos honestamente el destino de un instrumento cuyo garante es político. Horacio González es el encargado de redactar los fundamentos de la ley. Y él habla de la construcción de una nueva teoría del Estado, pensarlo no como un conjunto de funcionarios, no confundir con políticas de gobierno. Por eso es interesante que Parodi haya ido a visitar, antes de los debates, a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Allí estaban todos, y les planteó retomar el decreto 1172 de 2003 de elaboración participativa de la normas. Con ese decreto se discutió la Ley Nacional de Educación, con ese decreto se discutió la Ley de Medios Audiovisuales.

 

–¿Cómo reaccionó la oposición frente a los foros de opinión y cómo supone que van a reaccionar en la votación de la ley?

–Una de las cuestiones más importantes fue no descuidar la legitimidad. El 18 de febrero pasado estuvimos en Corrientes convocados por el gobernador Ricardo Colombi (de origen radical, al frente de Alianza Encuentro por Corrientes), y ante los periodistas que nos preguntaban cómo era posible que estuviéramos ahí sentados si luego de la reunión el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes se iba a ir a la marcha por la muerte de Alberto Nisman. Esa era nuestra obligación: caben las dos fotos y deben caber. Por un lado, la de una parte de la sociedad que se sentía agredida y necesitaba expresarse, sabiendo que no iba a ser reprimida. Y la adultez y madurez política: discutir con quienes piensan como uno es un discurso autocomplaciente que sólo genera instrumentos poco válidos. Hay que animarse a debatir con quienes piensan totalmente distinto o desde paradigmas diferentes. La ministra de Cultura de Santa Fe, María de los Ángeles González, aportó muchísimo en ese sentido. Todos los sectores políticos y sindicales fueron muy respetuosos y debatieron todo lo que había que debatir. Esta ley no es de Teresa Parodi o la ley K: es la ley que construimos todos.

 

–En cuanto a los observatorios universitarios, ¿van a ser de gobierno tripartito?

–Se respetará la dirección tripartita. Y enclavada cada una en su región será la encargada de construir el mapa cultural, planteando cuántos espacios culturales hay en cada sitio, no sólo los formales. Quiénes son, cómo se desarrollan, qué necesidades tienen, cuál es la infraestructura ociosa. Con el ministro de Educación Alberto Sileoni hablamos de poder hacer realidad un sueño: que las escuelas, sobre todo aquellas enclavadas en los lugares más desangelados del territorio nacional, abran sus puertas a la comunidad los sábados y domingos. Desde el Estado debemos optimizar los recursos para poder utilizar la infraestructura que tenemos.

 

–Como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿a la ley federal de cultura puede haber sectores que la incumplan?

–Va a haber una tensión, y sobre todo estará dada en saber cómo construir políticas públicas federales en un país al que le cuesta ser federal. Y esto no solamente pasa entre Buenos Aires y las otras provincias, sino en el interior de cada provincia. Hay un pedido de buena cantidad de intendentes que cuando llaman al Ministerio es para pedir al Chaqueño Palavecino, a Soledad Pastorutti, a Abel Pintos, a Jorge Rojas. Y después que actúe algún músico local, al que algunas veces se le paga. Eso reproduce al interior la lógica de centro irradiador de cultura. Si hablamos de la redistribución justa y equitativa de los recursos hay que pensar en otra lógica.

Otra tensión se dará en la redistribución de la red de las industrias culturales. Cuando discutimos la ley de medios, perdimos una batalla: habíamos propuesto el desarrollo de una ficción nacional, que se destinen fondos para eso. Y no lo logramos.

Los Mercados de Industrias Culturales Argentinas (Mica) fueron un enorme espacio, pero hay que seguir pensándolos fuera de la lógica del evento. Hay que producir con cada Mica un mecanismo de sustentabilidad que dure todo el año, imaginar los circuitos, alentar y promover. Pero no desde la concepción de esperar absolutamente todo lo necesario. Hay que promover ese desarrollo desde cada sector, incluido el sector privado.

 

–Eso debería incluir también las nuevas plataformas…

–Por supuesto. Hay que abrir a lo digital. Debemos producir contenidos para los nuevos soportes y los nuevos formatos que peleen contra los que produce el mercado todo el tiempo. Si no los producimos para los cinco millones de netbook y la enorme cantidad de servidores para las escuelas perderemos la batalla. Debemos saber cómo se construye la subjetividad cotidianamente, cuáles son los grandes lugares de construcción de relato. Y no debemos hablar de un Estado monopolizador, sino de un Estado sensible e inteligente que pueda intervenir en lo profundo donde hoy se construyen esas subjetividades. Tenemos muchos jóvenes muy talentosos que están produciendo. Si el Estado puede crear con ellos un banco de contenidos de cultura digital, si podemos estimular en términos de diversidad, estaremos entendiendo que el siglo XXI tiene una complejidad en cuanto a lo cultural que no puede dejar afuera a los jóvenes. Somos tributarios de la cultura libresca, accedimos al conocimiento y la belleza a través de los mecanismos y expresiones de libros. Hoy no es así. Poder incidir en el mundo digital, con su concentración, es un desafío que tenemos que llevar adelante. Internet es otro.

 

Teresa Parodi, ministra de Cultura de la Nación, impulsora de los debates federales sobre la futura ley.

–¿Otra disputa?

–Sí. En varios momentos nos plantearon una cierta tensión entre los derechos de autor y la libre accesibilidad de Internet. El conflicto es constitutivo de la vida democrática. No son los derechos de autor de los creadores el tema en disputa para generar accesibilidad libre en Internet. Son los nichos de los monopolios que hoy construyen un negocio que significa entre 25 y 35 mil millones de dólares al año en Internet. Internet es un negocio de circulación de palabras y de relatos. Horacio González diría que es una gran máquina, un dispositivo que captura la palabra. Y eso se vende y se comercializa. Por lo tanto, hay que sacar esa discusión de generar la ilusión de un mundo donde todos puedan acceder. Hay que ir hacia esa accesibilidad sin desmedro de los autores. Lo vemos: esta ley está sembrada tanto de peligros como de desafíos.

 

–¿Cuándo se presentará el proyecto de la ley?

–Desarrollamos la fase de conclusiones de los 46 foros en una mesa de trabajo en el ministerio, el anteproyecto de la Ley Federal de las Culturas está concluido. La ministra Teresa Parodi lo elevará a presidencia para que, cuando se estime conveniente, se presente. Estimamos que antes de que concluya el primer semestre será enviado. Y al ser una ley coral, polifónica, que tuvo el camino de la legitimidad social, ahora es turno del poder Ejecutivo para plantear la cultura como razón de Estado.

 

Bases, conceptos, sujetos

En 46 foros se debatió y sentaron las bases de Elaboración Participativa de la Ley Federal de las Culturas. Funcionaron con más de doce mil participantes que redactaron el documento base para el anteproyecto de ley.

Entre ellos, hubo 2 mil expositores y más de 2 mil organizaciones artístico-culturales y sociales, participaron 23 universidades públicas nacionales, bibliotecas populares, colectivos de Cultura Viva Comunitaria y de la diversidad de género, los Consejos de Participación Indígena del INAI, la CGT y su mesa intercultural, la CTA, las sociedades de gestión cultural, los sindicatos de las industrias culturales, artistas y referentes culturales.

Entre los puntos sobresalientes, destacaba el cambio de la palabra ‘cultura’ por ‘culturas’. El motivo, categórico: diversidad cultural, lingüística y étnica; emancipación y soberanía cultural. Y otro: derechos culturales para todos los habitantes de la Argentina y el Estado como garante indelegable del ejercicio de esos derechos.

En síntesis, el federalismo como razón de Estado; políticas públicas para la redistribución federal material y simbólica de los bienes culturales y recursos, y un presupuesto cultural que tienda al 1% del presupuesto anual de la Nación, como lo recomienda la Unesco, para el desarrollo de políticas públicas federales; el 0,1% del presupuesto destinado a inversión cultural para las culturas autogestivas, comunitarias y cooperativas, y que el presupuesto cultural para las políticas públicas federales tenga como compromiso de contraparte de cada jurisdicción la planificación e inversión en la formación artístico-cultural, técnica-profesional y de gestión cultural de sus trabajadores de la cultura.

El objeto del anteproyecto marca la tarea de desarrollar los principios rectores de los procesos, hechos y bienes culturales establecidos en la Constitución nacional y en los tratados internacionales suscriptos por el país.

El concepto es el preciso: las culturas son tramas de conocimientos, valores, expresiones y experiencias que se constituyen en tejidos sociales y redes simbólicas. Se enfoca en los modos de vida de una sociedad, en las narrativas, saberes y prácticas a través de las cuales se configuran subjetividades e identidades.

El concepto de cultura en plural permite identificar a la diversidad cultural, lingüística y étnica como la urdimbre polifónica constitutiva de las sociedades en general y del cultivo de la identidad cultural de la Argentina en particular. A partir del reconocimiento de esta diversidad se constituye una Nación y es posible pensar en la plena vigencia de los derechos culturales de todos los habitantes de la República Argentina.

Entre los derechos culturales que promoverá la Ley se cuentan el acceso al conocimiento, participación, creación y disfrute de la diversidad cultural y sus manifestaciones, en cualquiera de sus lenguajes, formatos y soportes; los referidos a la identidad individual y colectiva y a la diversidad; los referidos al patrimonio cultural; los referidos a la creación, autoría, interpretación e investigación intelectual y artística; la participación democrática; las relaciones entre Cultura y Educación, y el acceso libre y gratuito a comunicación, información, ciencia y tecnología.