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Gonzalo Molina, defensor oficial ante los tribunales federales

“La defensa pública necesita tener independencia del Poder Judicial”

Ante el inminente llamado a concurso para defensor general y defensor general adjunto, el defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Resistencia consideró algunos de los rasgos que se esperan para esos nuevos cargos. Gonzalo Molina sostiene que los defensores necesitan autonomía del Poder Judicial para evitar que se afecten derechos fundamentales de las personas.

Además en cárceles. La defensa pública es la especialidad que se dedica a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en una sociedad. Hoy todos los mecanismos de protección de derechos humanos consagran la garantía de la defensa para las personas sometidas a un proceso judicial. La garantía de la defensa en juicio es un valor fundamental y debe ser respaldado por el Estado.

Los defensores públicos o defensores oficiales representan en los procesos judiciales a las personas que solicitan patrocinio jurídico para un juicio de cualquier materia, sea penal o civil.

¿Cómo se concreta esa garantía?  Asegurando un sistema de defensa pública que sea eficiente. Para ello es importante que la defensa pública sea un órgano independiente del Poder Judicial, lo cual no sucede hasta ahora en la provincia. En nuestro país hay distintos modelos, formas de organizar y estructurar el sistema de defensa pública. El sistema nacional de defensa pública, es un ejemplo en el mundo de defensa público independiente, según reconocen especialista en derechos humanos.

¿Por qué? Porque tiene la suficiente autonomía y fortaleza institucional como para ser independiente de todos los poderes, tiene su propio presupuesto, autarquía financiera, lo cual le proporciona la posibilidad de diseñar su propia política institucional y marcar muy claramente sus objetivos. Uno de ellos es defender los derechos de los ciudadanos y especialmente los de los ciudadanos de escasos recursos.

¿Qué dificultades tienen los sectores vulnerables en el acceso a la justicia? -Fundamentalmente en no conseguir un abogado que los represente. A veces los justiciables no pueden pagar los honorarios de los profesionales. La defensa pública tiene la tarea de garantizar a estos sectores su defensa. En la actualidad el concepto de defensa pública va un poco más allá, y se habla de diagramar políticas institucionales para salir de la oficina a buscar casos emblemáticos o paradigmáticos.

Por ejemplo, trabajar con las problemáticas que puedan tener los pueblos originarios debería ser un tema

fundamental en nuestra provincia. Para llegar a este desarrollo de políticas públicas institucionales, lo primero que hay que lograr es la independencia de la defensa.

Por otra parte, en el ámbito penal específicamente, los sectores vulnerables son los más perjudicados, ya que el sistema penal es altamente selectivo: selecciona a sus ‘clientes’ por la vulnerabilidad. Basta con ver las cárceles para darnos cuenta de que no están presos los grandes evasores de impuestos o funcionarios corruptos.

¿Por qué es importante una posición de independencia? -En la provincia hasta hoy la defensa pública está dentro del Poder Judicial y dentro de él, en el ministerio público fiscal. Hay una persona, el Procurador General, que es el jefe de los fiscales y es el jefe de los defensores, y eso es toda una contradicción.

Este sistema -en el que una sola persona tiene a su cargo dos funciones contradictorias- fue copiado de las más antiguas estructuras. Es un sistema que tiene un grave defecto ya en su formación, porque estos ministerios tienen funciones contradictorias.

El fiscal tiene la función de acusar y el defensor la de defender. Llegará un momento en que la causa llegará al Superior Tribunal y el Procurador no puede apoyar al fiscal y al defensor al mismo tiempo.

Un proceso penal representa eventualmente un campo de tensión Molina accedió a su puesto por concurso en 2009 y hoy es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho, de la UNNE. entre la protección de la seguridad pública presuntamente quebrantada por la comisión de un delito y el derecho a la libertad de quien se ve sometido a proceso. Un dato interesante en este sentido es ver en cuántos recursos presentados ante el Superior Tribunal de Justicia por un defensor, el Procurador General apoyó. Creo que no existe ninguno.

Y no debe ser muy alentador para los defensores oficiales que el propio jefe solicite al tribunal el rechazo de su recurso. Más allá de los expedientes puntuales, es imposible la diagramación de políticas institucionales para cada uno de los ministerios si el manejo está en manos de una sola persona.

Por dar un ejemplo: en las propuestas de ‘simplificación’ de los procesos penales (leyes de instauración de juicios abreviados o juicios de flagrancia) generalmente el jefe de los fiscales apoyará incondicionalmente estos modelos, mientras que el jefe de los defensores tendrá que controlar si con ellos no se afectan derechos fundamentales de las personas, por lo cual seguramente se opondrá.

Son lógicas distintas, que se contraponen… - El tema de la seguridad ciudadana es un ejemplo en el que se ponen de manifiesto las contradicciones de las funciones del Procurador General. Por un lado se le pide a los fiscales que sean más rigurosos, que se castigue penalmente a quien supuestamente cometió un delito (generalmente delitos violentos contra la propiedad).

Por otro lado la función del defensor público es velar porque se le respeten a esa persona todas las garantías ciudadanas. Una de esas garantías es la presunción de inocencia, una persona es inocente hasta tanto exista una sentencia firme, es decir, que se hayan terminado todas las instancias de recursos. En principio esa persona no debería padecer la prisión.

El fiscal va a velar por logar una sentencia que condene a esa persona (en la mayoría de los casos es la función del fiscal). Por otra parte, la obligación del defensor es velar por la libertad de su defendido, hasta que exista una sentencia firme. Aquí se ven las contradicciones en la función del procurador general.

Es esquizofrénico tratar de dirigir eficientemente las dos instituciones porque los fines son opuestos. Si el procurador general se suma al reclamo de mayor criminalización, estará relegando las garantías fundamentales de las personas que también debe cuidar como defensor general.

¿Qué opina de la reciente modificación del ministerio público? -La ley 7.321 es un avance. Habla de las funciones del defensor general y el defensor general adjunto. Pero lo más importante es que le da la posibilidad a la defensa pública de ser independiente y otorga facultades para diagramar su propia política institucional.

Según lo establece la ley el defensor general va a tener como funciones diseñar y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de las personas o colectivos en estado de vulnerabilidad. Esto abre el camino para tener una defensa pública independiente y con una política institucional clara. A partir de allí, será muy importante la impronta que pueda darle quien sea designado defensor general como principal responsable de la institución.

En el comproiso por los derechos humanos

 El 13 de noviembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó el desdoblamiento del ministerio público y hace pocos días creó la nueva estructura. Este año el Consejo de la Magistratura realizará la convocatoria para cubrir los cargos de defensor general y adjunto.

¿Qué cualidades debe reunir un defensor? - El perfil del defensor general tiene que pivotear sobre tres elementos fundamentales: sensibilidad social, compromiso con los derechos humanos y formación técnica. Una gran formación técnica y jurídica, ya que tendrá que presentar recursos tanto al Superior Tribunal de Justicia como a la Corte Suprema de la Nación. Se van a tener que elaborar recursos, de casación, extraordinarios federales.

Por otra parte, en cuanto a la sensibilidad social, tiene que saber identificar cuáles son los problemas de acceso a la justicia de los sectores vulnerables que hay en la provincia. Tenemos una provincia pobre y entonces un gran porcentaje de la población acude a la justicia a través de la defensa pública.

 Uno puede pasar por una defensoría para ver la cantidad de gente que hay tratando de entrevistarse con un defensor público. Una de las funciones principales de esa función es velar por el respeto de los derechos humanos en todos los lugares de detención; que hoy en el Chaco dejan mucho que desear.

Tuvimos casos donde se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de personas privadas de libertad. Seguramente, alguno de esos casos son ejemplos de lo que la defensa pública pudo haber evitado. Las condiciones de detención de las personas son inadecuadas, visitando los centros de detención se pueden observar que viven hacinadas y en condiciones infrahumanas.

No se respetan los derechos fundamentales de. El defensor general, entre otras funciones, tendrá que asegurarse que su personal controle las condiciones de detención de esos lugares.

¿Se va a usar el mismo procedimiento que en la designación de Grillo?, ¿qué opina al respecto? -Es un avance, pero no es el ideal. Hay que mejorar muchas cosas en el procedimiento de selección de los magistrados del Superior Tribunal y también en el que establece la Ley Nº 4.885 para la elección de magistrados y miembros del ministerio público.

En cuanto a la ley 7.157 es un avance en relación a lo que existía antes -la arbitrariedad absoluta-, ya que establece un mínimo control ciudadano, pero la evaluación técnico-jurídica no es muy rigurosa. Sería aconsejable que la evaluación técnica la haga un tribunal de especialistas, ya que una de las funciones básicas del juez del Superior Tribunal es resolver recursos de casación. Y no hay nada más técnico que un recurso de casación.

Actualmente esa evaluación la hace el Consejo de la Magistratura a través de un coloquio o entrevista. Otro aspecto para modificar es el del puntaje de los antecedentes, ya que no es claro. Siempre es mejor un sistema tabulado de puntuación de antecedentes.

Si el sistema está tabulado, hay menos arbitrariedad en el manejo del puntaje, ya que los postulantes podrían tener una idea de antemano sobre sus antecedentes. Cuando no existe este sistema, el organismo tiene un margen inmenso de arbitrariedad, y muchas veces ni siquiera evalúan realmente los antecedentes de los candidatos. 

Sin funcionarios disciplinados

 Como los jueces, fiscales y asesores, los defensores oficiales son elegidos por el Consejo de la Magistratura, ¿qué cree se debería modificar? - Yo comparo el sistema de selección provincial con el sistema nacional de la Defensoría General de la Nación.

Allí los integrantes no son elegidos por el Consejo de la Magistratura, sino seleccionados por un sistema desvinculado de influencias político-partidarias. El jurado que evalúa a los candidatos está conformado por cinco defensores del país, elegidos por sorteo entre los magistrados, con igual o superior jerarquía al cargo que se concursa.

El sistema de antecedentes está perfectamente tabulado, con lo cual los postulantes ya saben de antemano qué puntaje recibirán en el rubro de antecedentes profesionales y académicos. Luego se realiza un examen oral y otro escrito, anónimo con casos reales de jurisprudencia en las que se evalúa las capacidades del aspirante a defensor. Un examen escrito u oral es muy difícil que se pueda cuestionar.

El escrito se puede revisar y algún especialista que no haya formado parte de la comisión examinadora puede decir si la corrección está bien o está mal. Finalmente se elabora una terna entre los mejores candidatos del concurso. Aquí no hay lugar para la arbitrariedad, hay un orden de mérito.

También es muy positivo que no exista la entrevista de valoración personal en el sistema de defensoría pública de la Nación, puesto que es lo más arbitrario que puede haber en un proceso de selección de los magistrados, aunque sí hay un examen psicológico para saber si se tiene el equilibrio necesario para ser un funcionario público.

En esas entrevistas de valoración personal no está muy claro que es lo que se evalúa. Finalmente creo que en el futuro sería bueno que los defensores provinciales sean elegidos por el mismo ministerio público de la defensa. El perfil del defensor público es muy diferente al del juez o fiscal, y los defensores públicos son quienes están en mejores condiciones de evaluar a los postulantes buscando ese perfil.

La historia del Poder Judicial de nuestro país muestra que muchas veces se buscó a un ‘funcionario disciplinado’ que actúe como ‘auxiliar de la justicia’ para el cargo de defensor público. Actualmente no se acepta ese rol de parte del defensor público. Éste no debe ser un ‘auxiliar del Poder Judicial’, sino defensor de su representado. Esto también es una forma de garantizar la autonomía de la defensa pública.

¿Cómo se puede medir o evaluar el compromiso de un postulante con la temática? - Es fundamental que las personas que dirijan la institución tengan un claro compromiso con los derechos humanos. Los defensores públicos de todas las instancias también deben tener ese compromiso. Creo que a través de la resolución de un caso práctico en la evaluación se puede inferir el compromiso de los postulantes con la sensibilidad social y los derechos humanos. Esto se puede evaluar a través del examen técnico. Cuando uno plantea un caso práctico no hay una sola alternativa de resolución.

El tribunal que corrige el examen de un postulante también debe valorar cuantas posibilidades pudo utilizar para mejorar la situación de su defendido, no solamente qué hizo desde el punto de vista técnico-procesal, y también qué hizo por tratar de mejorar las condiciones de detención de su defendido.

En estas formas de resolver, se ve la diferencia entre los postulantes: hay algunos que solo plantean la excarcelación o pedido de libertad y otros suman muchas acciones, como mandar un oficio al lugar de detención, o interponer un Hábeas Corpus o medida cautelar para mejorar sus condiciones de detención. Para el caso de la elección del Defensor General en la provincia, de acuerdo al sistema legal vigente, sólo se podría evaluar esa cualidad en la oportunidad prevista para efectuar preguntas a los postulantes y en la entrevista por parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura.