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Desendeudamiento: la confirmación de un eje del modelo

Los convenios de refinanciamiento de las deudas provinciales aseguran mayor solvencia a la ejecución fiscal de Chaco y Corrientes en el próximo trimestre, dejando en las cuentas de cada provincia unos 115 millones de pesos en tres meses. Se trata de la ratificación de un mecanismo que completa la reestructuración de las deudas provinciales iniciado en 2010 y que se confirma como un pilar del modelo de política económica fiscal. Los ministros de finanzas Federico Muñoz Femenías y José Enrique Vaz Torres evalúan el impacto en el Chaco y Corrientes de esta política, reafirmada ayer con la firma de nuevos convenios con los gobernadores.

Asumida como un elemento clave de la política económica fiscal del país promovido desde el gobierno nacional, o simplemente como el resultado de la evaluación racional de que, con un esfuerzo conjunto de todo el país se debe dar respuesta al creciente desfinanciamiento de las provincias endeudadas, la prórroga de los vencimientos de las deudas firmada ayer por los gobernadores se confirma como un importante alivio para las cuentas de Chaco y Corrientes.

“Es un elemento importante para fortalecer el desempeño fiscal y financiero de todas las provincias”, dice el ministro de economía del Chaco Federico Muñoz Femenía.

Entre ambas provincias completaron la postergación de vencimientos por unos 170 millones de pesos que, sumados a las prórrogas del primer trimestre, alcanzan los 340 millones de pesos en el primer semestre y llegarán a los 680 millones si la política se mantiene hasta fin de año.
El nuevo convenio con la Nación para cubrir los vencimientos de la deuda con Aportes del Tesoro Nacional presentó en esta versión un mayor nivel de exigencias en cuanto al seguimiento de pautas fiscales e indicadores y de la aplicación de políticas públicas de seguimiento y estímulo de las principales cadenas de valor de la economía local.
Los ministros de Economía del Chaco y de Hacienda y Finanzas de Corrientes Federico Muñoz Femenía y José Enrique Vaz Torres contrastaron sus puntos de vista sobre la oportunidad e impacto de las medidas, coincidiendo en la necesidad de una resolución estructural al problema del peso de los servicios de la deuda, en un contexto de incremento de los costos de los gastos devengados por el Estado para su funcionamiento.
El peso de los servicios de la “deuda externa” de las provincias, en realidad la tomada durante los años 90 y asumida luego por la Nación en canje con las provincias, mantiene un claro contraste y la relación con la “deuda interna” de cada jurisdicción ya sea con sus proveedores corrientes o, especialmente, la surgida de las recomposiciones salariales del personal estatal incluyendo las fuerzas de seguridad.
Para esos dos destinos en general parecen ya estar destinados de antemano los fondos que ahora se liberan del pago de los servicios de la deuda canjeada a la nación.

Intereses sin capital

La reprogramación cubre el pago de intereses paraliza el pago del capital que finalmente se descuenta, se compensa, al final del ejercicio, tal cual sucede desde la primera reprogramación en 2010 cuando se quitó a las deudas provinciales de la actualización mediante el CER atado a la inflación, se ampliaron las cuotas y se estableció la tasa fija del 6 % anual.
El desendeudamiento producido por este mecanismo desde 2010 ha dejado la deuda del Chaco hoy en $ 3626 millones, luego de quitar los últimos 557 descontados al capital el año pasado.
Para Corrientes, la reprogramación de la deuda dejó su consolidado en 2013 en solo 1700 millones de pesos. Paga por esa deuda unos 20 millones de pesos mensuales. La nueva programación genera un ahorro fiscal del orden de los 60 millones para el próximo trimestre que, según se ocupó de recordar ayer el ministro de Hacienda y finanzas Vaz Torres, ya tienen destino comprometido en la recomposición salarial del sector público.

Esfuerzo provincial

Para el ministro de Hacienda de Corrientes Vaz Torres, los 240 millones de pesos que podrá dejar la reprogramación de vencimientos de deuda en su provincia este año no son recibidos como una dádiva nacional, sino como el resultado de la utilización lógica de fondos que en realidad son de las provincias y para cubrir el resultado de una inflación de la que no son responsables los gobiernos locales.
“El gobierno nacional se encuentra abocado a corregir variables que se deben analizar en la política cambiaria y fiscal. En ese contexto, las provincias sin acceso al crédito para inversiones, lógicamente no podrían enrarecer el financiamiento haciendo frente a la amortización de deuda que es de suma cero para la nación, porque los ATN son producto de retenciones de coparticipación de todas las provincias y constituyen así un verdadero fondo anticíclico de manejo discrecional”, señaló ayer a Economía y Negocios de NORTE.
“Esta decisión es la de fortalecer el desempeño fiscal y financiero de todas las provincias”, prefiere valorar el ministro de hacienda del Chaco. “Creo que esta reprogramación es parte de una política nacional implementada desde 2010 para el desendeudamiento provincial con aportes del Tesoro Nacional, con el mejoramiento del perfil de deuda, tasas, plazos consecuentemente del stock de deuda en un diseño que también expone el esfuerzo nacional en el apoyo de políticas de desarrollo en las provincias”, valoró.
“El esfuerzo lo hacemos entre todos (contrastó Vaz Torres desde Corrientes), no es una cuestión dispendiosa, sino un criterio racional para evitar el estrangulamiento fiscal de las provincias es una medida sensata y necesaria y compartida en el esfuerzo”
El funcionario correntino agregó no obstante que “no es recomendable que los acuerdos sean a corto plazo” y señaló la necesidad de una prórroga hasta fin de año para que las provincias trasladen esta visión a sus proveedores. “No se puede pedir certidumbre a largo plazo a las empresas cuando se da tan corto plazo a las provincias”, señaló sincerando una lectura política y recordando que el impacto es diferente según el grado de endeudamiento de cada provincia.

Deberes de información

El convenio firmado ayer para la reprogramación de deudas provinciales suma la obligación de cumplir con el envío de indicadores fiscales ya establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal 25917 sobre demanda de financiamiento, resultados fiscales, evolución salarial, resultados del Tesoro y otros.
Se solicita también información de evaluación cualitativa, como el resultado de aplicación de políticas públicas en exportaciones de empleo y otros indicadores de los complejos productivos locales. Entre las novedades de información incorporada están los indicadores de aplicación del Plan Progresar, el establecimiento de metas para los sectores promovidos de la economía y el desarrollo de infraestructura para asistirlos.
“Calculamos que tiene que ver con la intención de coordinar políticas nacionales y la situación de las economías regionales y cadenas de valor”, evaluó ayer Muñoz Femenía.