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Consecuencias jurídicas y económicas de las retenciones cobradas sin base legal

En histórico y decisivo fallo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina acaba de declarar la invalidez de “derechos” cuya tributación compulsiva se derivaba de una norma administrativa del Ministerio de Economía de la Nación y ordenó al Estado devolver a la parte recurrente lo abonado por ella sobre la base de una “Resolución” cuya inconstitucionalidad queda ahora fijada con certeza plena.

Por Victor Ruiz Díaz, AFC

Sobre esta base, que devuelve algún grado de confianza a la hora de seleccionar decisiones de inversión, se ha abierto una instancia de estudio respecto de las posibilidades de obtener un fallo igual o similar que permita recuperar la totalidad de los pagado compulsivamente bajo regímenes administrativos cuya legalidad y constitucionalidad resultan reprochables o, por lo menos, controvertibles.

En un Fallo de 80 páginas, la máxima instancia judicial del país consideró inconstitucional la Resolución 11/02 del ministerio de Economía argentino, el instrumento que “creó” la imposición (luego recurrida) de derechos bajo el conocido y controversial formato de las ya famosas “retenciones”, como las de la Resolución 125 que motivó en su oportunidad durísimas reacciones de los sectores agropecuarios.

Semejante definición de la Corte (que en países con más apego a la legalidad y la tradición constitucionalista hubiera causado asombro, por innecesaria), genera en Argentina dos efectos contrapuestos.

Por una parte, trae cierta tranquilidad a los inversores, desde el momento en que les asegura que la ecuación de rentabilidad de los proyectos de inversión ya no se verá alterada sorpresivamente por una decisión administrativa posterior a sus decisiones económicas y financieras (decisión administrativa viciada de nulidad desde su nacimiento, tal como ahora lo afirma la Corte y, al hacerlo, crea un muy significativo precedente).

Por otra parte, abre las puertas a una potencial avalancha de juicios contra el Estado por parte de quienes se consideren con derecho a hacer valer el precedente creado. Las posibilidades de que esto último suceda residen en un matiz no demasiado sutil que se encuentra en la diferencia del sentido en que votaron los jueces Petracchi y Argibay.

El sentido de la votación

Los seis jueces de la más alta magistratura judicial del país coincidieron en que los “derechos” que el Estado aplicaba a una actividad económica por medio de una resolución de un órgano administrativo, son inconstitucionales y, además, coincidieron en que sólo pueden ser establecidos por el órgano legislativo (el Congreso Nacional) o bien por una norma de jerarquía inferior con sustento legal y “límites precisos” fijados por el Congreso.

Un requisito que, por si hacía falta aclarar, no cumple el artículo 755 del Código Aduanero, toda vez que no sólo no prevé una alícuota para las retenciones que se pretendía aplicar (en el caso que da lugar a este Fallo, a la empresa recurrente, Camaronera Patagónica), sino que ni siquiera fija topes máximos que limiten la actuación del Poder Ejecutivo.

Hasta aquí, hubo unanimidad

Las diferencias entre el voto de la mayoría, representada por Lorenzetti, Fayt y Maqueda, más el voto concurrente de Zaffaroni (votó en el mismo sentido que la mayoría pero con argumentos propios) y el voto en disidencia (parcial) de Argibay y Petracchi, quedan plasmadas en el alcance de sus respectivas posiciones y, obviamente, en las consecuencias jurídicas y económicas que de ellas pudieran derivarse.

Queda muy claro que este fallo deja una puerta abierta a futuras eventuales reclamaciones.

Las consecuencias jurídicas y económicas

Al considerar que la norma administrativa adquirió sustento legal cuando fue ratificada por el instrumento pertinente (la Ley Nacional 25.645 y otras normas concurrentes), por el voto de la mayoría de sus miembros la Corte entiende que el Estado podrá retener lo cobrado dentro del marco legal saneado, salvo lo percibido fuera de tal contexto (que deberá devolver a la parte demandante).

En su disidencia (parcial), en cambio, los ministros Petracchi y Argibay entienden que el órgano administrativo ejerció indebidamente facultades exclusivas del Congreso de la Nación y produjo una norma inconstitucional imposible de ser subsanada por un acto posterior. De aquí surge la expectativa de algunos especialistas que están estudiando la viabilidad de obtener del Estado la devolución de la totalidad de lo abonado por exigencia de actos administrativos que carecieron de sustento legal al momento de ser dictados y que, bien mirados, desde la perspectiva que aporta el voto de la minoría de los ministros de la Corte, tampoco podrían ser subsanados por instrumentos posteriores.

Quizás la consecuencia jurídico-económica más relevante pueda resumirse en un avance hacia una futura restauración, a partir de este trascendente fallo, de un concepto que cabe en dos palabras: seguridad jurídica. Y en este aspecto, esta posición públicamente asumida por la Corte viene a pronunciarse en un edificante sentido positivo.

El autor es Asesor Financiero Certificado por el IEAF, Instituto Español de Analistas Financieros y dirige Autotest