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Debate sobre la protesta social y su regulación con el proyecto de ley impulsado por Pedrini

En el desconcierto por dar a conocer la información, algunos medios nacionales dijeron que el proyecto fue promovido por la Casa Rosada y otros adjudicaron al diputado Carlos Kunkel pero lo cierto es que el legislador nacional chaqueño por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Pedrini, es el autor del proyecto de ley para regular la protesta social.

La iniciativa está en el centro del debate político nacional y Pedrini admite que “hay una colisión entre los derechos de la protesta y la petición de autoridades y el derecho a circular” pero sostiene que “no hay que criminalizar la protesta, hay que regularla: acá no hay penas para nadie”. 
En la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional de este año, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo “todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos”. Sin embargo Pedrini niega consultas con la Casa Rosada para haber dado impulso al proyecto de ley.

El diputado Pedrini provocó el debate nacional con su proyecto para regular la protesta social.

Las firmas de Kunkel, Diana Conti y José María Díaz Bancalari en el proyecto del diputado chaqueño le dan entidad y peso político necesario al proyecto para que trascendiera, como efectivamente sucedió y también porque esos legisladores tienen roles claves en el tratamiento en comisiones antes de que el mismo sea considerado en el recinto.

Legal e ilegal

En el proyecto de ley, que también es acompañado por sus compañeros de bancada Sandra Mendoza y Gustavo Martínez Campos, Pedrini afirma que se pretende “hacer más eficiente la relación que se genera entre quienes buscan ser oídos y el gobierno. Concretamente, esperamos que el reclamo se lleve adelante a través de canales institucionales”, diferenciando reclamos legales de ilegales.
Brindando herramientas que “mejoren el diálogo entre los funcionarios políticos y la ciudadanía” el proyecto de ley pretende “garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación, e integridad física durante el desarrollo de manifestaciones públicas”.
Se debe entender por manifestación pública “toda reunión no violenta de personas con un interés común, sea prevista o espontánea, que se desarrolla por un periodo limitado de tiempo en el espacio público con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante autoridades públicas o entidades privadas”.
“La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Seguridad de la Nación y los respectivos Ministerios a cargo de la materia en las provincias que se adhieran”, propone Pedrini y centra la consideración de ña manifestación pública legítima cuando “no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud públicas.
También tendrá esa definición: si no impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada, si permite la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros, si los manifestantes no cometen delitos previstos por el Código Penal durante la misma, si es notificada en los términos de la presente ley. 
“Cuando estos elementos no se encuentren reunidos, se considera que la manifestación es ilegítima”, aseveró el diputado nacional y marcó que “toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse: a) El lugar en que se llevará a cabo, b) El tiempo estimado, c) El objeto de la manifestación, d) El manifestante delegado”.
Para las manifestaciones legítimas “el Estado pondrá a disposición todas las medidas necesarias para garantizar su desarrollo pacífico y la integridad de las personas, participantes o no, y de los bienes públicos y privados.
En tanto que una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros “puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos”.