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El drama humano generado por la sobrepoblación carcelaria

El Papa Francisco volvió a expresar su preocupación por el grave problema del hacinamiento en cárceles de todo el mundo provocado por el crecimiento desproporcionado del número de detenidos. 

Se trata de un fenómeno que también se padece en la Argentina y que, según algunos expertos en políticas de seguridad, pone en evidencia la necesidad de revisar las políticas punitivas para evitar que se violen derechos humanos de las personas privadas de su libertad, y de adoptar medidas que garanticen que la cantidad de alojados no supere la capacidad de alojamiento, respetando los estándares legales vigentes.


El jefe de la Iglesia Católica lamentó que en “tantas partes del mundo las cárceles estén sobrepobladas” y dijo que muchas veces estos lugares de detención se han convertido en “un depósito de carne humana”. Así lo señaló en una conferencia de prensa que brindó en el Vaticano tras su regreso de una gira por Tailandia y Japón, que se extendió durante una semana. No es la primera vez que el Sumo Pontífice dedica su atención a esta cuestión tan sensible. A principios de este año, en un discurso dirigido a los responsables de la pastoral carcelaria, advirtió que en muchos países las cárceles fracasan en su objetivo de reinserción y que “es más fácil reprimir que educar”.

En esa oportunidad señaló, además, que las cárceles “no pocas veces fracasan en el objetivo de promover los procesos de reinserción” porque “carecen de recursos suficientes que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares” de las personas detenidas. Para el Papa esta situación que se repite en cárceles de todo el mundo sintetiza “la cultura del descarte”, como denomina a las prácticas sociales, algunas más sutiles y otras más evidentes, que dejan de lado a los más vulnerables.


En nuestro país, el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación ya alertó a comienzos de este año que “la política punitiva oficial ha desbordado las prisiones” y planteó la necesidad de buscar “de manera urgente, soluciones alternativas al encierro”. Poco después de publicado el documento de este organismo, el Ministerio de Justicia de la Nación declaró la emergencia carcelaria.


Durante la presentación del informe de situación en cárceles federales que cada año la Procuración Penitenciaria de la Nación eleva ante al Poder Ejecutivo y al Congreso, las autoridades de ese organismo volvieron a remarcar que “si las cárceles se convierten en depósitos humanos, crece el número de personas que son devueltas a la sociedad peor de lo que entraron”.

Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, al 4 de abril de este año, la población carcelaria federal había alcanzado un nuevo récord histórico con 13.940 personas privadas de libertad. “La población penitenciaria de las cárceles federales ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, superando desde 2014 la barrera de los 10.000 presos. A partir de 2016 el incremento de la población se ha exacerbado”, informó este organismo oficial que depende del Poder Legislativo nacional.


Para algunos expertos, un ejemplo a seguir en materia carcelaria es el de la unidad de Punta de Rieles, ubicada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Inaugurada en 2010, es considerada la más avanzada del vecino país y su funcionamiento está inspirado en experiencias realizadas en Europa que, de acuerdo con las estadísticas, arrojaron muy buenos resultados.

En esta unidad no se registran casos de hacinamiento ni tampoco intentos de fuga. Según las autoridades uruguayas, la tasa de reincidencia se ubica alrededor del dos por ciento, una cifra que no deja de asombrar, sobre todo si se tiene en cuenta que la media nacional del 50 por ciento.

La clave, explican los especialistas, está en que la rehabilitación se basa en el aprovechamiento del tiempo que pasan intramuros con actividades que los preparan para reinsertarse plenamente en la sociedad. Es una experiencia que parte de un paradigma distinto, con objetivos más ambiciosos, que van más allá del viejo modelo de castigo y sanciones impuestos a los detenidos.

Por lo expuesto, es de esperar que en nuestro país se avance con propuestas que permitan cumplir el precepto constitucional que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.