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Miguel Angel Fernández
Por: Miguel Angel Fernández

La basura en la transición municipal de Resistencia

“Cada vez que salgo de vacaciones, ocurre algo importante”, decía Jorge Capitanich, que resolvió lanzarse a dos semanas de descanso aun antes de conocer los resultados de los comicios municipales que, a la postre, solamente le dieron la victoria en Fontana a quienes tuvieron su apoyo, en tres comunas prevaleció la UCR (con una derrota peronista histórica equivalente a la de Puerto Tirol) y en los cinco restantes se impusieron candidatos que habían acompañado el intento de reelección de Oscar Peppo y este, a su vez, les retribuyó con su apoyo logístico.

El más importante de ellos, Gustavo Martínez, coronando una campaña de gran despliegue, con una inversión publicitaria tan larga como costosa, alcanzó con 10.000 votos de diferencia vencer al bastión radical antiperonista en que se apoyaba Leandro Zdero y será, por fin, el intendente de Resistencia en los próximos cuatro años.

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LA TRANSICIÓN Y SAMPAYO

El día después, Capitanich, gobernador electo que asumirá el 10 de diciembre por tercera vez, cumplía con invitar a Gustavo Martínez, saltando con garrocha sus diferencias de siempre y durante una hora empezaban la transición de la intendencia en el primer municipio de la provincia. El tono fue distendido y el propio Martínez resumiría que “un gobierno peronista sucede a otro peronista”, en una clave superadora de ausencia de expresiones celebratorias de otros triunfos, inclusive de la fórmula de Alberto y Cristina.

Sin embargo a la misma hora, el sindicato municipal realizaba una asamblea con tono tan encendido que su secretario general Jacinto Sampayo (que solo cosechó 6.328 votos en su candidatura a intendente contra los 68.903 de Martínez) lanzaba una medida de fuerza cuya expresión mayor fue la paralización del servicio de recolección de residuos, disciplinando una cola de camiones vacíos en la avenida Ávalos.

De hecho, la basura, problema crónico de Resistencia hace muchos años, casi tanto tiempo como las pujas gremiales, se metía en la transición. Y con este detalle: enterado de que viajaba el intendente, Sampayo llegó a proclamar que el municipio estaba acéfalo, cuando el presidente del Concejo Municipal no estaba desaparecido y todo el gabinete en plena tarea, porque también se ocupaba de la transición provincial.

EL REVUELO EN LA JUSTICIA

Con las señales a la vista de que la ciudad cercada por residuos era rehén del líder municipal, aun cuando ya está jubilado, el fiscal Patricio Sabadini salió como un rayo a pedir la inmediata detención de Sampayo que goza de excarcelación, pero no está sobreseído en la causa conocida como “Lavado II” que la Justicia federal debe elevar a juicio sin tardanza y que ya le costó más de un año de prisión preventiva al dirigente sindical.

La jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger, rechazó el requerimiento del fiscal considerando que el episodio no correspondía a su competencia y giró la cuestión al ámbito provincial, donde no hubo denuncia alguna según la propia magistrada, pero que, a la postre, fue a parar a una investigación iniciada por el fiscal Francisco Asís de Obaldía Eysseric que también, recolectando pruebas, coleccionó videos de manifestaciones duras y de todo lo que configuró una embestida tan inesperada como desproporcionada y en simultáneo con la cita de Capitanich y Martínez, duchos en el conocimiento de excesos como también sería un corte de electricidad donde no se investigó demasiado...

(No corresponde a este enfoque otro capítulo de las diferencias vigentes entre el fiscal y la jueza, cuando esta se pronunció, sobre llovido mojado, en la delicada causa del PAMI versus la Asociación de Clínicas y Sanatorios y en especial el abogado massista José Sánchez, que no admitió nuevos requerimientos de Sabadini, muy entrevistado en C5N por la causa que erosionó políticamente a Aída Ayala, pero sí cabe consignar que aquél hizo responsable a la jueza de cualquier represalia que sufriera por el pedido de detención que seguramente apelará. Tal vez recuerde que, en su momento, esos municipales sitiaron NORTE con los camiones para repudiar opiniones de dos de sus periodistas y la patoteada intimidatoria concluyó en un papelón).

RESIDUOS E HIGIENE URBANA

En este dilema que pasa por la formación y contratación de la empresa Pimp en la larga gestión de Aída Ayala, que fue otro escándalo judicial, Capitanich lanzó el plan Girsu de gestión integral de residuos sólidos urbanos, donde culminó consultas y la aprobación del Concejo municipal contratando a la empresa Cotreco, de Córdoba, para la transferencia y disposición final de residuos, cuyo desempeño estuvo lejos de lo esperado, especialmente para construir una planta de transferencia y un nuevo relleno en el complejo de María Sara, sobre la ruta 11, al que los camiones llegan en una hora. Con la basura a las puertas de María Sara, Capitanich canceló la relación en enero de este año y litigó contra la empresa cordobesa, hoy en concurso preventivo, para el cobro de seguros y garantías.

La nueva gestión tendrá que impulsar una planta de transferencia que sirva a los cuatro municipios del Gran Resistencia que están en el límite de sus opciones para depositar sus respectivos residuos y lanzar de hecho el proyecto María Sara 2.

Además, ya no se puede seguir con la modalidad manual que resulta obsoleta, lenta y peligrosa. La alternativa es también aumentar los contenedores de 5.000 a 6.000 y, por supuesto, una actitud de responsabilidad colectiva en los vecinos que cobre conciencia de la gravedad de este problema vital para la calidad de vida y donde lo más frecuente es ver en barrios populosos a gente revolviendo esos contenedores para aliviar su indigencia.

CONCILIACIÓN ACATADA

Lo que rechazaron desafiantes, la conciliación obligatoria, tuvo otro escenario bajo la presión del fiscal Sabadini y no solo hubo una tregua, sino que el viernes en la Subsecretaría Provincial de Trabajo acudieron al diálogo, respuestas y cabe la esperanza de alguna convivencia de respeto que reclama, por ejemplo, el Colegio de Agrimensores por la agraviante presión sampayista para desplazar a la directora de Catastro, Silvia Di Paolo.

OTRO JUICIO EN DANZA

No se sabe si cobrará cuerpo de una demanda por cheques de montos cercanos a los 5.000.000 de pesos firmados por el secretario del Sindicato Municipal pero este, en lo personal, sobrelleva una causa por homicidio culposo en la ruta 11 donde falleció la señora Meucci y en la que está pendiente en la faz penal el juicio oral y público, y en lo civil transcurre la etapa de pruebas en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3.

Jacinto Amaro Sampayo ahora está defendido por el doctor Osuna, al retirarles el poder a sus abogados originales.

Tal vez debería reconocer el derrape del ocaso y diferenciar entre obsecuentes agitadores que lo llaman “general” y quienes todavía sin eco quieren convencerlo de respirar otro ambiente, donde la violencia sindical pase a la historia y que ayude a la mejor gestión posible en un municipio tan grande y con tantas responsabilidades y necesidades como Resistencia.

 

Superando todos los escollos de intereses creados, el Insssep ya incorporó su servicio de prótesis

Para atender la demanda de insumos biomédicos de los afiliados al Insssep, su obra social tenía estructurado un procedimiento que, por sus complicaciones, había entrado en crisis.

El ente recibía 60 a 100 cotizaciones para los distintos concursos de precios realizados. La adjudicación demandaba 24 a 48 horas y la entrega otros días más, dada la inexistencia de la disponibilidad inmediata de los productos por las empresas adjudicatarias.

A las complicaciones derivadas de esa demora se les sumaban otras, propias de un sistema que favorecía más intereses ajenos a los de los afiliados y de la Obra Social.

Un gran número de adjudicaciones eran rechazadas por los médicos prescriptores, con motivaciones abstractas, despojadas de fundamentación científica o empírica que justificara el rechazo. La actitud del médico, en realidad, apuntaba a dirigir la compra a una marca comercial determinada y/o a una casa proveedora. Así, los galenos manifestaban la baja calidad de los productos, aunque sin denunciar eventos adversos derivados de la utilización de los mismos, que contrarresten de manera seria las evaluaciones científicas realizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Dicha modalidad era ineficiente, toda vez que generaba graves dificultades y demoras en la entrega de los insumos solicitados, particularmente en las prótesis traumatológicas, y perjuicios para el afiliado como para el ente financiador. Además, era permeable a la colusión entre los proveedores, y de estos con los médicos prescriptores.

El gasto mensual promedio a inicios de 2019 ascendía a 30.000.000 de pesos.

En ese contexto, en el mes de marzo del corriente año, el directorio del Insssep -por unanimidad- decidió llamar a licitación pública para la contratación de un servicio de “Banco de Prótesis traumatológicas, cardiológicas y otras”. Esta modalidad de compras, además de ajustarse a las previsiones constitucionales y legales en materia de contratación pública, permite controlar el alto costo directo de los insumos y de las prácticas, y la pronta entrega del material necesario para la cirugía; optimizar los costos indirectos que ocasionan las internaciones prolongadas, rehabilitaciones, secuelas, y la potencial judicialización por parte de los afiliados.

El procedimiento licitatorio tuvo tramitación regular. Se efectuaron las publicaciones de ley y se recibieron ofertas de dos empresas. Pese a ello, el avance del mismo se vio suspendido temporariamente, con motivo de una medida cautelar decretada, a instancia de seis empresas proveedoras locales. Empresas que durante años obtuvieron jugosas ganancias que ni siquiera habían comprado el pliego para participar en la licitación.

La interdicción del procedimiento cesó con el rechazo de la acción de amparo promovida, tras verificar el tribunal interviniente la ausencia absoluta de razones en la impugnación.