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Capitanich busca ampliar ventaja de las PASO en una provincia donde su gobierno soporta festival de presiones

A una semana de la definición en las urnas y 695 mesas donde se impondrá la contratación del voto electrónico (el 22,34% del padrón de casi un millón de electores) impuesta por el Tribunal Electoral, las cartas parecen echadas: hay diez candidatos favorecidos por la suspensión de las PASO en la provincia, en tanto en el plano nacional el 1,5 de los votos habilita para el primer debate presidencial también para el domingo próximo en Santa Fe.

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La sucesión de actos de cierre del candidato del Frente Chaqueño que tuvo amplio respaldo el viernes en Villa Ángela, con un capítulo tradicional esta noche en General San Martín, refleja que después de dos rastrillajes proselitistas a fondo, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, Capitanich confía en un resultado que mejore la cosecha de las PASO nacionales, con esa boleta larga encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Existe un optimismo moderado, que no olvida sorpresas como la que padeció Ángel Rozas ante el primer triunfo del montenegrino por estrecha diferencia, pero que tiene algunos ingredientes, basado en el abanico de apoyos de intendentes y una amplitud sectorial que puede verse en la lista de candidatos para las 16 bancas de diputados provinciales que estarán en juego.

Las dos rondas que no fueron debates mostraron perfiles parecidos, pues los argumentos del macrismo -representado por Carim Peche- pivotearon sobre una estrategia de contragolpe contra la gestión de Peppo y la faceta de procesos judiciales impulsados por el brazo político de Comodoro Py que ya empezó a girar, en tanto Bacileff Ivanoff quiso capitalizar su criterio de autoridad frente a la movidas piqueteras como aquella donde trajo 7.000 policías a Resistencia y la montada de alguna zona rural persiguió a una periodista de NORTE hasta las puertas del diario.

A propósito, Emerenciano Sena -que sigue en carrera a pesar de que no participó en ninguna de las dos exposiciones ante la TV provincial- hizo circular por las redes sociales que su ausencia se fundamentaba en no compartir un ámbito con el exvicegobernador: “No puedo ir a un lugar donde está una persona que lastimó a muchos compañeros, muchos familiares”. Sin embargo, se estima que Bacileff puede restarle a Peche los votos del centro (Macri ganó en los circuitos 1, 2, 3 y 4 en las PASO en Resistencia) que siempre han sido antiperonistas y conforman el núcleo duro que aplaudió la disputa contra los núcleos de los movimientos sociales que renovaban protestas.

La UCR, que defendió Mendoza -pese a que Alberto Fernández convocara a todos los gobernadores para apoyar a la candidata Anabel Sagasti, que no tardó en reconocer su derrota-, no dispone de un financiamiento que fortalezca su estrategia como en otros tiempos pero cree que sumará municipios en todos aquellos casos donde compiten varias listas peronistas.

En suma, no se filtra nada sobre futuras decisiones del candidato más lanzado a pesar de especulaciones sin sustento y ambiciones de los que siempre quieren caer parados. Capitanich, aún con el nuevo conflicto del transporte urbano que supone algún privilegio de atención en medio de la oleada de paros y reclamos que presionan al gobierno de Peppo en su último tramo, ha preferido tomar distancia y no le preocupaba la postergación de la visita de Alberto Fernández que sí se confirmará después del domingo 13, donde, se dice, tal vez le transmita a tiempo una buena noticia chaqueña en pleno debate con Macri, Lavagna y otros candidatos.

El martes, reunión de ministros y fiscales en la Comisión Federal de Impuestos que preside Ocampo

Más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó medidas precipitadas de Macri al cabo del resultado electoral adverso y que de hecho quebrantaban el pacto fiscal con las provincias, tan publicitado como éxito de gestión mientras el país se hipotecaba con el Fondo Monetario Internacional, hay una reacción promovida por la Comisión Federal de Impuestos que preside el chaqueño Cristian Ocampo y que pasado mañana, donde sus pares de Economía de todos los distritos y los fiscales de todos los distritos, instruidos por sus gobernadores, se pronunciarán sobre medidas adoptadas en una reacción espasmódica que pasaron los límites de la constitucionalidad y la Corte acaba de confirmarlo.

Esa comisión federal no titubeará en impugnar medidas como las adoptadas que desnudan la arbitrariedad y la necedad de Cambiemos, en detrimento de las provincias cuyas finanzas crujieron en setiembre y lo puede certificar el Chaco para cancelar unos 4.250 millones en todos los frentes de haberes que cubre el Ejecutivo, incluyendo el déficit jubilatorio del Insssep. Pero lo grave es que si esa detracción de recursos no cesa, el mes de octubre será peor y esa será la chispa del malestar ciudadano explosivo para la primera vuelta del domingo 27. Se nos asegura que el Chaco tiene preparado un reclamo al gobierno nacional en el plano administrativo y judicial, insistiendo en que el gobierno de Macri se allane de inmediato a los preceptos de la Corte.

Esta provincia no figuró entre las 15 que hicieron el juicio encabezadas por Entre Ríos pero avanzará con el concepto, se afirmaba ayer, que el derecho intrafederal es de concertación y por ello las decisiones en materia de recursos deben surgir de pactos y/o acuerdos fiscales.

Una estafa que la Justicia no debe olvidar

En los anales de la historia judicial del Chaco, la estafa perpetrada por un camarista y un pseudofinancista a los tenedores de bonos judiciales quedará en un lugar destacado. Las víctimas, jueces, magistrados y empleados judiciales, no se animaban siquiera a denunciar los hechos cuando luego de infinidad de reuniones los estafadores seguían diciendo que iban a devolver los bonos que ya se habían esfumado. Más de 900 víctimas, por un total de bonos por U$S24.000.000 y la investigación judicial solo comenzó por la denuncia del propio contador de la firma del financista que claramente veía que las cosas no eran claras.

El compromiso del entonces juez de Instrucción Zanazzo pudo avanzar con una compleja investigación, a la que se sumó como fiscal ad hoc la doctora Susana Pachecoy, en primera instancia y luego conjuntamente como fiscal de Cámara, ante la inhibición de todos los que pudieran intervenir, dado el carácter de víctimas de los delitos investigados. Una extensa y compleja causa se desarrolló desde fines del 2002 hasta 2013 en que se pudo elevar la causa a juicio. 673 hechos comprobados, infinidad de querellas, incidentes, un expediente que cuenta con 56 cuerpos y 39 incidentes. Ahora, mientras la investigación avanzaba en medio de tal complejidad, la corporación judicial parecía comenzar a protegerse.

Habiendo estado detenidos tanto Gil de Muro como López, habían recuperado su libertad por transcurso de tiempo sin elevación a juicio. Allí comienza una extraña demora en la constitución del tribunal para llevar adelante el juicio, mientras Gil de Muro no deja de mostrarse también como una víctima, a riesgo de conseguir que la causa termine con una escandalosa falta de condena, tremenda impunidad.

La fiscal ad hoc en primera y segunda instancia a partir del 2011 comienza a requerir al Superior Tribunal de Justicia la regulación de honorarios por la labor desplegada. La reglamentación al respecto, en línea con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece como pago un mes de sueldo de la categoría subrogada por año desempeñado; el Superior difiere la regulación para cuando se produzca el cese de la intervención.

Finalmente, y solo para sumar episodios escandalosos a esta historia, a la profesional que llevó adelante toda la investigación en primera instancia y que además intervino por el ministerio público en la Cámara, el Superior Tribunal le retribuye las tareas en menos de seiscientos pesos ($600) por mes de trabajo desplegado.

Ese mismo tribunal que se autodeclara una medida cautelar para triplicarse sus ingresos -eso sí a buena velocidad-; ese mismo tribunal donde los hijos de los hijos siguen a cargo de las áreas sensibles como la Superintendencia; ese mismo tribunal que no intervino frente a la denuncia de la demora en que incurría la Cámara del Crimen en la definición de la fecha de juicio oral en la causa de los bonos... En fin, raro entender qué pasa con la Justicia en el Chaco.

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Miguel Angel Fernández
Miguel Angel Fernández