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En el día de la peor celebración fabril del país, la industria del juicio fue implacable en el Chaco

El 2 de setiembre, Día de la Industria Argentina, el presidente Macri volvió a faltar como en los últimos cuatro años al acto central de la Unión Industrial en Buenos Aires cuyo presidente, Miguel Acevedo, ligado a una empresa como la Aceitera General Deheza, con operaciones e inversiones importantes en el Chaco hace años, no ahorró críticas por una realidad de caída libre en todos los sectores, incluyendo el textil, que nos toca de cerca.

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Pero eso no es todo, el mismo lunes 2 hubo una celebración compartida hasta con el ministro de Justicia de la Nación, donde el Poder Judicial y el gobierno del Chaco inauguraron un moderno edificio de seis pisos para tribunales y servicios de Sáenz Peña.

Fueron todos mensajes de elogio recíproco y de aliento en los desafíos del servicio de justicia, aun con cárceles saturadas sin soluciones a la vista, y menos para apuntalar a los fiscales que pugnan contra el narcomenudeo, arraigado primer escalón del narcotráfico que ya parece incontenible en sus veloces comercializadores juveniles.
Por todo eso cuesta creer que aunque la provincia carezca de fiscal de Estado desde la jubilación de Luis Meza, que volvió a Villa Ángela, nadie estuviera enterado ni revelara que las máximas autoridades judiciales ya estaban enteradas del fallo de un Superior Tribunal ad hoc que hizo lugar a un recurso de amparo de Rolando Ignacio Toledo, presentado por su hija Paula Andrea y con el precedente del caso de Marta Inés Alonso y otros, para percibir como ministro del STJ del Chaco el salario por todo concepto como juez de idéntica jerarquía y antigüedad de la justicia federal.
Este pronunciamiento ordena al Poder Ejecutivo que a los treinta días de quedar firme proceda al pago del 50% de la diferencia, además de instrumentar el pago del 50% restante. (El fallo lleva la firma de los conjueces Carlos Ernesto Lange, Alfredo José Sola, Nora Beatriz Giménez, Omar Darío Camors y Carlos Guillermo Varas).


TRES VECES LA MISMA PIEDRA

Es fácil recordar el megajuicio a partir del caso planteado por el fiscal Müller contra un aumento que el Superior Tribunal se dio a sí mismo, violando la ley de enganche con el resto de la estructura judicial, afrontado por el gobierno de Angel Rozas, que recurrió al pago con bonos cuya colocación, a la vez, provocó un escándalo por la defraudación que afectó a muchos magistrados que confiaron en un operador bursátil que después condenó un tribunal ad hoc al que (esta es una simple acotación) pasó mucho tiempo sin que le reconocieran honorarios.
Pero otra segunda piedra atrapó desde el comienzo, el 10 de diciembre de 2015, al gobernador Peppo, que sintió el impacto de otro conflicto judicial histórico, con fallo de la Corte Suprema, que embargaba la cuenta general de la Tesorería.

A tal punto que de no resolverlo, paralizaría tres meses el pago de sueldos a la superpoblada administración provincial. En aquel arranque, la obligación de pagar ascendía a 2.200 millones de pesos o 225 millones de dólares de entonces. Si se actualizan, hoy llegarían a 13.313 millones, otra vez el equivalente a la masa salarial de tres meses de la provincia. Eran 1.341 actores los que se encontraban en condiciones de aceptar la propuesta de pagos en el marco de la ley 7.782 y reglamentada por el decreto 2.029.

En la ingeniería financiera diseñada y negociada con los beneficiarios y algunos abogados que, a la postre, cobrarían jugosos honorarios, se lograron acuerdos con participación de la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Hacienda, la contaduría y, fundamentalmente, el Nuevo Banco del Chaco. NORTE pudo informarse de que a la fecha se rubricaron más de 1.250 convenios que representan el 94% de las demandas y el 6% restante obedece al estado procesal de su juicio o está tramitando adhesiones al citado decreto 2.092 del año 2016.


¿CUÁNTO COBRÓ CARRIÓ?

Como labor profesional, la abogada Elisa Carrió percibió honorarios correspondientes a dos demandas contencioso administrativas contra el Poder Judicial (expedientes 12/02 y 19/02) que fueron regulados en diciembre de 2016. En un caso percibió 5.000.917,98 pesos y en el otro 6.404.487 pesos, con lo cual el total cobrado por la líder de la Coalición Cívica fue de 11.405.404, 98 pesos. La reglamentación establecía que el Nuevo Banco del Chaco pagaría el 100% de la deuda en dos casos: personas mayores de 70 años o que padecían una enfermedad grave. Al respecto, Carrió -que no llega a los 70 años- acreditó una cardiopatía grave pero la única documentación habría sido la fotocopia de su historia clínica guardada en un sanatorio privado de Buenos Aires.

Hoy, en la Fiscalía de Estado, no existen antecedentes al respecto y parece evidente que hubo muy buena voluntad política para que la diputada nacional, que el miércoles regresará al Chaco para presentar su nuevo libro en plena campaña por la reelección de Macri, recibiera el buen trato político de ese cobro total de 11 millones y medio. De todos modos, esos honorarios no se acercan a los de un estudio jurídico encabezado por el exsecretario general de la gobernación de Rozas, así como Rolando Toledo fue el ministro coordinador y se sentó en el Superior Tribunal sin atravesar por el rigor de los concursos de antecedentes y oposición que superaron las doctoras Isabel Grillo y Emilia Valle para incorporarse al máximo cuerpo de la provincia.


Otras vinculaciones radicales llevan a la ministra María L. Lucas, cuya designación data del acuerdo entre Deolindo Bittel y Luis León para el primer Superior Tribunal de la recuperación democrática y ante la reforma parcial de la constitución de 1994, que establecía que los jueces debían revalidar su condición al llegar a los 70 años (lo que nunca ocurrió), ella amparó su continuidad en una disposición transitoria que eximía a los que estaban en funciones. (La doctora Lucas suscribió las dos resoluciones que al violar la ley de enganche provocaron otros tantos megajuicios, pero algún intento de juicio político fracasó y su estabilidad es vitalicia, con 91 años, como la reina de Inglaterra, que tiene 93). Uno de los de 1994, el doctor Guillermo Mendoza, de reconocida trayectoria justicialista, optó por renunciar y fallecería poco tiempo después.


UNA BOMBA DE TIEMPO

“Este fallo puede llegar a dinamitar el presupuesto de la provincia”, nos advertía ayer un abogado con larga experiencia en los dos megajuicios que ya debió afrontar y saldar el gobierno provincial. Mientras el candidato con mayores posibilidades de ganar el 13 de octubre en primera vuelta, Jorge Capitanich, continuaba ayer con un raid proselitista por todo el interior y retornará hoy a Resistencia para inaugurar la renovada estación terminal de ómnibus, legisladores cercanos a su liderazgo como Juan M. Pedrini salieron a calificar que esta tercera piedra, con unas 300 demandas parecidas a la que favoreció a Rolando Toledo, puede comprometer seriamente a la gobernabilidad de la provincia porque, evidentemente, no apuñalará a la gestión de Peppo, que tiene fecha fija de conclusión el 10 de diciembre.

Fuentes del equipo económico, por su lado, apuntalaron la apelación que confirmó la ministra de Gobierno, en una tarea judicial que requiere un especialista, porque hay una anécdota con la procuradora Gils Carbó, la que en el último megajuicio pagado observó debilidad argumental en la defensa de los intereses de la provincia, y en tal circunstancia el fiscal de Estado no era Luis Meza, quien vino después.
La omisión que no le transmitió a Peppo la mala noticia en el acto de Sáenz Peña sorprende al equipo económico al destacar un decreto “histórico” del gobernador que llevó el sueldo de los magistrados, en constante reclamo, a la media del noreste, habida cuenta de que siempre se mostraba a los chaqueños en los últimos lugares del ranking nacional.
Hay criterio de que este disparo final de la industria del juicio no solamente se consumó sin apiadarse de la complicadísima situación fiscal y de la caída de todos los niveles de actividad económica de la provincia, sino que implica una enorme injusticia económica, institucional y social.


LA LISTA DE ESPERA PRODUCTIVA

Mientras tanto, la vocación productiva que hace al gran potencial del Chaco está en lista de espera para solucionar la provisión de semilla certificada, de buena calidad y con acceso a las nuevas variedades del INTA, en un país donde llegó el momento de que la región algodonera se integre con firmeza, identifique sus fortalezas y debilidades y avance como una gran oportunidad a la vista.
Los productores que hoy celebran su día con ejemplar dignidad son, a la postre, emprendedores de riesgo que se están sobreponiendo a un histórico castigo climático y no bajan la guardia, sin gozar de la estabilidad a prueba de balas de todo el sector público en sus tres poderes y que hoy renuevan la presión, como esos paros de la CGT y la embestida de los pases a planta, sin compadecerse de que hay provincias que consideran emitir moneda en esta encrucijada del derrumbe nacional y cuando es imperativo declarar una emergencia alimentaria, con llamados solidarios como la colecta de hoy, Más por Menos, de la Iglesia Católica que cumple 50 años.


La coparticipación federal de septiembre corre riesgo de una retracción de altísimo compromiso para el equilibrio fiscal y la misma incertidumbre campea en la recaudación de la ATP en lo que resta del año, tanto por la caída del consumo, la persistencia inflacionaria y la desaparición del crédito como sostienen los algodoneros, donde todo está dolarizado en carrera libre para toda la cadena de valores que remata con ejemplos como telas y modelos de Chacú.
En suma, colocarnos ante una tercera gran piedra no parece conmover a esta corporativa industria del juicio de la misma manera que es incontenible la disputa electoral por el cierre de alianzas municipales en los distritos que desdoblan para el 10 de noviembre y por la definición de candidaturas del 21 de septiembre.
Si la Legislatura no consigue frenar el voto electrónico por su elevado costo y también su inseguridad, así como antes eliminó las PASO de la provincia con el argumento del costo para la Tesorería, se fomenta un nivel de inestabilidad como los días de rumbo perdido que está sufriendo la comunidad de Miraflores, arrastrada a una crisis institucional que la deja a la deriva.

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Miguel Angel Fernández
Miguel Angel Fernández